Los hermanos habrían acudido al comisario para evitar que uno de ellos fuera extraditado al país iberoamericano
MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tiene ya en su poder la documentación requerida a Guatemala para poder avanzar en su investigación sobre el encargo que los hermanos navieros Ángel y Álvaro Pérez Maura habrían hecho al comisario José Manuel Villarejo para impedir que el primero fuera extraditado a la nación centroamericana.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 asumió en abril de 2021 la causa abierta contra Ángel Pérez Maura en Guatemala por asociación ilícita, fraude y cohecho por su presunta implicación en el pago de sobornos que habrían alcanzado los 30 millones de dólares para la adjudicación irregular del contrato de ampliación del Puerto Quetzal.
Entonces, el magistrado libró a Guatemala una comisión rogatoria solicitando que le entregaran la documentación relativa a las pesquisas que se habían seguido al otro lado del Atlántico contra Pérez Maura. Finalmente, casi un año después, las autoridades de dicho país han mandado el material en valija diplomática, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Al no recibir respuesta alguna de sus homólogos guatemaltecos, se planteó al posibilidad de que el instructor viajara allí, un escenario que no estaría del todo descartado, a pesar de que la documentación solicitada ya está en la Audiencia Nacional, de acuerdo con las citadas fuentes.
Este aporte documental podría favorecer el avance de esta pieza separada número 4 de ‘Tándem’, que este mismo viernes se volvió a topar con el muro de la bicefalia investigadora.
García Castellón había citado como testigo a William Anthony Schwank López, un empresario reclamado por Guatemala como presunto intermediario de las comisiones ilegales para hacerse con las obras de ampliación del Puerto Quetzal, pero se acogió a su derecho a no declarar al estar inmerso en un proceso de extradición.
‘LA LÍNEA’, PUNTO DE PARTIDA
La Fiscalía y la ya extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) descubrieron el denominado caso ‘Puerto Quetzal’ cuando estaban investigando otro escándalo de corrupción: ‘La Línea’, una trama de defraudación aduanera por el que fueron enviados a juicio los entonces presidente y vicepresidenta del país, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.
Los investigadores guatemaltecos observaron una subtrama en torno a la nueva terminal de Puerto Quetzal. De acuerdo con el relato de las autoridades centroamericanas, los contactos entre los empresarios españoles y el Gobierno de Guatemala para conseguir este negocio habrían comenzado con el Ejecutivo de Álvaro Colom pero habría sido el de Pérez Molina quien les exigió el pago de mordidas.
En 2016, el Ministerio Público y la CICIG realizaron numerosos allanamientos y libraron varias órdenes de captura, entre ellas seis internacionales, incluida una contra Ángel Pérez Maura. Habría sido entonces cuando los hermanos acudieron a Villarejo para evitar que fuera puesto en manos de la Justicia de Guatemala, un presunto encargo que dio origen a esta pieza 4 o ‘Pit’ de ‘Tándem’.