SAN SALVADOR (AP) — Un juzgado de la capital salvadoreña notificó a siete militares en situación de retiro los delitos que les imputa el Ministerio Público por su presunta participación en el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras, ejecutado por un comando del ejército en 1989, cuando ellos ocupaban altos mandos dentro de la Fuerza Armada.
El expresidente Alfredo Cristiani, que gobernó el país de 1989 a 1994, y el exdiputado de la Asamblea Legislativa, Rodolfo Parker, también vinculados a la matanza, no se presentaron ni enviaron a sus abogados, al igual que mayor Carlos Camilo Hernández Barahona, informó a la AP el miércoles el Ministerio Público.
En la lista de imputados también aparecen los coroneles René Emilio Ponce y Francisco Elena Fuentes, ya fallecidos, así como el coronel Inocente Orlando Montano, quien ya cumple una condena en España por la matanza.
En septiembre de 2020, un tribunal español condenó a Montano a 133 años de prisión por la muerte de cinco sacerdotes jesuitas españoles durante la sangrienta guerra civil.
En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, los militares ingresaron al campus de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y asesinaron a cinco jesuitas españoles, entre ellos el ideólogo de la llamada “Teología de la Liberación”, Ignacio Ellacuría, además de un jesuita salvadoreño, la cocinera y la hija de esta.
El exjefe de la Fuerza Aérea, general en situación de retiro, Juan Rafael Bustillo, el único militar que se presentó ante el juzgado para escuchar los cargos que le imputan, en breves declaraciones dijo ser un hombre responsable, “y por eso he venido aquí, para que todos tangan conocimiento que yo no me ando escondiendo”.
El Ministerio Público presentó una acusación contra el expresidente Cristiani y el exdiputado Parker, que en esa apoca se desempeñaba como asesor jurídico del Estado Mayor de la Fuerza Armada, y contra 11 altos mandos militares de la época a los que se vincula con la autoría intelectual en la matanza. La decisión de encausar a los supuestos autores intelectuales se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su decisión de reabrir el caso.
A Cristiani lo acusan de la responsabilidad penal por omisión en el caso de la masacre, mientras que Parker es señalado por los delitos de fraude procesal y encubrimiento. Los dos fueron citados para el martes, pero no asistieron, ni sus abogados.
Según un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas que investigó los crímenes cometidos durante la guerra civil de 1980 a 1992, “existe plena prueba de que el Licenciado Rodolfo Antonio Parker Soto, miembro de la Comisión de Honor (de la Fuerza Armada) alteró declaraciones para ocultar las responsabilidades de altos mandos en el asesinato”.
Cristiani salió del país en junio de 2021 después de comparecer ante una comisión especial del Congreso que investigaba los sobresueldos de exfuncionarios del gobierno. Se especula que vive en Italia. El exmandatario ha negado cualquier implicación o conocimiento del plan para matar a los sacerdotes.
Se desconoce el paradero del exdiputado Parker, quien habría salido del país después de concluir su periodo legislativo el 30 de mayo de 2021.
El MP acusa a los señalados de los delitos de asesinato en modalidad de comisión por omisión, cómplice en el delito de asesinato, actos de terrorismo, proposición y conspiración para actos de terrorismo, hurto calificado, fraude procesal y encubrimiento personal.