MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El defensor del Pueblo de Perú, Walter Gutiérrez, ha renunciado este miércoles en una misiva a su cargo al frente de la dirección de la Defensoría del Pueblo.
«Esta es mi carta de renuncia. Está firmada el día de hoy. Esto ya ha sido comunicado al Congreso», ha señalado Gutiérrez que es defensor del Pueblo desde 2016, tal y como recoge la emisora peruana RPP.
En este sentido, ha precisado que su último día de funciones será el próximo 29 de abril, es decir, el próximo viernes.
Asimismo, Gutiérrez ha anunciado que presentará una demanda contra el Ejecutivo peruano por el «menoscabo de atribuciones institucionales».
«El Ejecutivo no ha cumplido, ni siquiera, con responder las recomendaciones de supervisiones, de informes que ha hecho la Defensoría. Y voy a poner solo dos ejemplos (…) Uno de ellos tiene que ver con la supervisión que hicimos sobre libertad de expresión e información. Y lo propio sucedió con nuestra comunicación sobre el cumplimiento del principio de idoneidad», ha explicado Gutiérrez.
Para Gutiérrez, la omisión de la respuesta del Ejecutivo «menoscaba la posibilidad de que la Defensoría cumpla sus funciones» y si el Gobierno «no responde», esto significaría una «infracción constitucional», por la que el actual mandatario podría ser sancionado.
Gutiérrez anunció a principios de abril que presentaría una solicitud a la Fiscalía para que reanudara las investigaciones al presidente del país, Pedro Castillo, por presuntos delitos de tráfico de influencia y colusión.
El presidente Castillo fue investigado hace meses por la Fiscalía por presunto tráfico de influencias y colusión tras la visita de la empresaria Karelim López al Palacio de Gobierno, a una vivienda personal del mandatario.
Sin embargo, la exfiscal de la nación Ávalos suspendió las investigaciones hasta julio de 2026, fecha en la que culmina el mandato actual de Castillo. Sin embargo, las causas abiertas contra otros altos funcionarios y empresarios peruanos sigue en marcha, lo que permitiría recoger evidencias de la presunta corrupción de Castillo de cara a la reanudación de las investigaciones en 2026.