Jack Smith, fiscal especial, solicitó al Tribunal Federal de Apelaciones que restaure el caso en el que acusan al expresidente Donald Trump de retener documentos clasificados.
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La petición de Smith fue desestimada por la jueza Aileen Cannon en julio pasado, según publicó Telemundo San Antonio, que indicó que Cannon rechazó la solicitud por considerar que la designación de Smith como fiscal especial no fue constitucional.
No obstante, Smith defendió la legalidad de su nombramiento como fiscal, calificando de un error la posición de la jueza Cannon. “En particular, no pide que la jueza Cannon sea retirada del caso, sólo que el Circuito 11 revoque su orden de desestimación y le devuelva el caso para continuar con los procedimientos”, dice el citado medio.
Alegatos sobre legalidad de fiscal en caso de Donald Trump
En cuanto a esta solicitud en contra de Donald Trump, James Pearce, fiscal especial adjunto, expuso en un escrito que “el Fiscal General nombró válidamente al fiscal especial, que también cuenta con los fondos adecuados”.
Afirmó que “al dictaminar lo contrario, el tribunal de distrito se desvió del precedente vinculante de la Corte Suprema, malinterpretó los estatutos que autorizaban el nombramiento del Fiscal Especial y no tuvo en cuenta adecuadamente la larga historia de nombramientos de abogados especiales por parte del Fiscal General”.
El alegato de Pearce evoca al fallo de la Corte Suprema en Estados Unidos contra Nixon, que resalta qué tan aplicable es una citación emitida por el fiscal especial que investiga el escándalo Watergate.
“La legalidad de un fiscal o fiscal especial no fue directamente cuestionada en el caso Nixon, pero el Tribunal emitió su fallo operando bajo la presunción de que tales nombramientos estaban permitidos”, dice Telemundo.
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La jueza Cannon califica como “dicta” esa sección de la decisión de la Corte sobre Nixon, lo que quiere decir que no es vinculantes a las decisiones judiciales.
“Incluso si el lenguaje relevante de Nixon fuera dicta, el tribunal de distrito no tenía derecho a descartar un lenguaje inequívoco y cuidadosamente considerado de una Corte Suprema unánime”, escribe Pearce.
“Si el Fiscal General carece del poder para nombrar funcionarios inferiores, esa conclusión invalidaría el nombramiento de cada miembro del Departamento que ejerce una autoridad significativa y ocupa un cargo continuo, aparte de los pocos que están específicamente identificados por ley… El fundamento del tribunal de distrito Asimismo, plantearía dudas sobre cientos de nombramientos en todo el Poder Ejecutivo, incluidos los Departamentos de Defensa, Estado, Tesoro y Trabajo, que se basan en estatutos similares a las Secciones 509 y 510 para respaldar la autoridad de su Secretario para nombrar funcionarios inferiores. La inverosimilitud de ese resultado subraya por qué las novedosas conclusiones del tribunal de distrito carecen de mérito”, finalizó Pearce.
