Comienza una nueva semana de agosto 2024, y la incertidumbre sigue reinando en Venezuela tras desarrollarse el pasado 28 de julio las elecciones presidenciales que determinaron como ganador a Nicolás Maduro, pero que desde el lado de la oposición y gran parte de la comunidad internacional, se denuncia fraude electoral desarrollado en complicidad por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Como es sabido, desde entonces no han cesado los reclamos y manifestaciones públicas, mismas que lamentablemente han dejado más de 2.400 detenciones arbitrales y, según un informe de la ONU, se generó el uso desproporcionado de la fuerza y desapariciones forzosas.
Para contrarrestar la embestida opositora, desde el lado del gobierno venezolano su Parlamento aprobó la semana pasada una ley para fiscalizar a las ONG.
En concreto, la normativa bautizada como “Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines”, establece que las ONG deben aclarar en sus estatutos “la manera en la que contribuyen al desarrollo económico y social” y “si su financiamiento está previsto que sea a través de factores extranjeros”, para lo cual deben “registrar periódicamente sus fuentes de financiamiento ante la autoridad competente”.
Rechazo de los Estados Unidos
El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, expresó su total rechazo ante la ley anti ONG, creada en Venezuela y confirmada el jueves 15 de agosto por el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y unas de las personas más influyente del gobierno de Maduro, Jorge Rodríguez, al considerarla el político norteamericano como un ataque para la sociedad civil.
“Es un ataque directo contra la sociedad civil y la libertad de asociación, socava la democracia e impide la participación ciudadana en los espacios cívicos. Esta acción sólo aislará aún más a Maduro de la comunidad mundial”, detalló en su cuenta X, el diplomático neoyorquino de 59 años.
