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Nueva ley en Georgia obliga a la policía a entregar indocumentados a las autoridades de inmigración

La medida castiga a los policías que no notifiquen a ICE sobre un extranjero bajo custodia que se crea que es indocumentado.

Brian Kemp, gobernador de Georgia. | Fotos: Getty Images
Brian Kemp, gobernador de Georgia. | Fotos: Getty Images

El republicano Brian Kemp, gobernador de Georgia, firmó una ley que obliga a la policía a informar y entregar a las autoridades de inmigración a una persona bajo su custodia, cuando sospechen que se encuentra en Estados Unidos sin permiso.

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La Ley HB 1105 aprobada por la Legislatura de Georgia en marzo pasado, exige que las cárceles retengan a cualquier persona sospechosa de estar en el país de forma irregular, y que sea entregada al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

Castigos ante la nueva medida

La medida castiga a los policías que no notifiquen a ICE sobre un extranjero bajo custodia que se crea que es indocumentado. El proyecto cobró impulso tras la muerte de la estudiante de enfermería Laken Riley, quien fue asesinada el pasado 22 de febrero mientras corría en el campus de la Universidad de Georgia (UGA) en la ciudad de Athens.

El venezolano José Antonio Ibarra, de 26 años, fue arrestado como sospechoso del asesinato de la joven estudiante de 22 años, y su hermano, Diego Ibarra, de 29 años, también fue detenido por presentar una tarjeta de residencia falsa al ser cuestionado por la policía en medio de la investigación. Diego Ibarra ha sido vinculado con la banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua.

José Antonio Ibarra ingresó por la frontera con México en 2022 como parte de la ola masiva de migrantes que han llegado al país para solicitar asilo. “Si ingresa ilegalmente a nuestro país y continúa cometiendo más crímenes en nuestras comunidades, no permitiremos que sus crímenes queden sin respuesta”, declaró Kemp antes de firmar el proyecto de ley, de acuerdo con el periódico The Atlanta Journal-Constitution.

Defensores de los inmigrantes se han opuesto a la legislación, porque consideran que la medida ha alimentado el “miedo” y la “duda” en esta comunidad, lo que impide que sus miembros colaboren con la policía y denuncien delitos de los que son víctimas.

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