Luego que el gobernador Greg Abbott tomara la decisión de obstaculizar el paso a los inmigrantes con unas boyas desplegadas en el en el Río Bravo, un juez federal ordenó que Texas elimine esa barrera.
Después de las protestas protagonizadas por los gobiernos de México y Estados Unidos, respectivamente, el burgomaestre tendrá hasta el 15 de septiembre para mover la barrera que impide el cruce de la frontera sur.
Ante el hecho, se defendió e indicó que la acción la empezó a poner en práctica en virtud de sacar la cara por los norteamericados.
Desde su punto de vista, las personas de otros países que desean ingresar a la nación estarían “invadiendo”, suceso que el gobierno de turno no ha atendido conforme a su percepción. Entonces, a Texas le tocó “defenderse” por su cuenta.
El magistrado fue claro y respondió. “Básicamente, el gobernador de Texas podría declarar y hacer la guerra indefinidamente en la frontera de Texas sin autorización del Congreso o supervisión de cualquier tipo”.
¿Texas apelará por fallo a favor de inmigrantes?
“Es probable que la decisión del juez federal de distrito David Ezra sea apelada por el estado, que durante los últimos dos años ha empujado agresivamente los límites legales para frenar el flujo de inmigrantes bajo una misión en expansión conocida como Operación Estrella Solitaria”, señaló Univisión.
La barrera, que es de al menos 300 metros de longitud, “constituye una obstrucción a la capacidad navegable del Río Grande”, de acuerdo con lo expuesto en el fallo del magistrado David Ezra, del distrito oeste de Texas.
Incluso, “reprendió al gobierno estatal, republicano, por no haber solicitado autorización federal antes de instalarla” en ese lugar.
Según el juez, “la conducta de Texas perjudica irreparablemente la seguridad pública, la navegación y las operaciones de funcionarios de agencias federales en el Río Bravo y sus alrededores”.
¿Qué más prohíbe?
A su vez, “el fallo prohíbe a Texas volver a instalar boyas o cualquier tipo de estructura sobre el río, lo que supone una victoria para el Gobierno de Joe Biden, que presentó la demanda inicial en el tribunal en contra de la barrera flotante”.