Cuando David Guerra y su numerosa familia huyeron en mayo de Florida dejaron atrás camas, colchones, muebles, las herramientas con las que se ganaban la vida y los juguetes de los niños. De todo lo que Guerra no pudo llevarse, es por los juguetes que se le parte la voz.
PUBLICIDAD
“Eso es lo que más me ha dolido: mis niñas que ahorita ya no tienen juguetes”, asegura este salvadoreño que hasta hace unos días tenía un hogar, un patio y un negocio con su familia en Tampa.
Ley SB 1718
Esa vida como la conocían cambió cuando el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, firmó la Ley SB 1718, la dura norma migratoria que entra en vigor el 1 de julio e impone graves castigos a los indocumentados, sus familias y sus empleadores.
De las diez personas que habitaban la casa de Guerra, solo tres niños son ciudadanos estadounidenses: los demás no tienen documentos. Salieron de Tampa el 30 de mayo por la misma calle en la que, un mes antes, habían visto las pertenencias de otros vecinos indocumentados como ellos, que no alcanzaron a llevárselo todo cuando huyeron a Kentucky.
Su caso no es el único. En distintas ciudades del estado, como la comunidad agrícola de Immokalee —donde muchos trabajan en el campo sin documentos— los inmigrantes dicen que tienen al menos un conocido, un amigo o un vecino al que la ley de DeSantis ha ahuyentado. En redes sociales circulan videos y fotos de usuarios que documentan su exilio de Florida, para aventurarse en busca de refugio en otros sitios.
Algunos como Guerra no piensan volver, pero otros como Berta, una guatemalteca que vive en Immokalee y ahora trabaja en sembradíos de Georgia y Carolina de Sur, dicen que seguirán pagando la renta desde lejos, con la esperanza de que la ley sea derogada o retada en las cortes. Ella ansía poder regresar a su pequeño cuarto en el estado del sol antes de octubre, cuando toca recoger las cosechas y hay oportunidad de ganar algo de dinero.
“No nos quieren acá”
Guerra, un obrero de la construcción, llegó a Estados Unidos hace más de 20 años. Junto a su pareja, su cuñada y su hijastra —beneficiaria del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA)— trabajaban puliendo y dando los toques finales a paredes y techos de casas en Tampa.
PUBLICIDAD
Hace seis años se mudó a esa ciudad del noroeste de Miami donde construyó una clientela y compró sus herramientas. Dejar algunas al irse de Florida le costó más de 2,000 dólares en pérdidas. En Maryland, dice, ni él ni su familia han podido conseguir empleo.
“Yo estaba bien, bien, bien ubicado en Florida. Estaba bien económicamente, estable con el trabajo. No había ningún problema. Ahora es todo lo contrario”, lamenta.
Situación migratoria
Unos 2.7 millones de inmigrantes representaban el 26% de la fuerza laboral en Florida en 2018, de acuerdo a un análisis del Censo. Más de 300,000 trabajaban en el sector de la construcción, como Guerra y su familia.
En fotos y videos se les ve llenos de polvo blanco, como cubiertos de harina, cargando materiales y herramientas, o encima de andamios para trabajar en el cielorraso de las viviendas. “En ningún momento han valorado el trabajo que nosotros hacemos”, reclama Guerra sobre la legislación, considerada la más severa de Estados Unidos en materia de inmigración en la última década.
