SEÚL, Corea del Sur (AP) — El gobernante norcoreano Kim Jong Un y otros altos funcionarios discutieron el domingo revisar las estrictas restricciones adoptadas contra la pandemia, según la prensa estatal, y reiteraron la controvertida aseveración de que está disminuyendo el primer brote de COVID-19 en el país.
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El asunto abordado durante una reunión del Politburó deja entrever que en breve relajará el conjunto de restricciones draconianas impuestas después de que reconociera este mes su brote de ómicron en medio de las preocupaciones sobre su situación económica y alimentaria.
Kim y los demás miembros del politburó “evaluaron positivamente la situación de la pandemia de que está controlada y mejora en todo el país”, según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA por sus siglas en inglés).
El politburó “examinó el asunto de coordinar efectiva y rápidamente y ampliar las normativas y lineamientos contra la epidemia dada la actual situación estable contra la pandemia”.
El domingo, Corea del Norte informó de 89.500 nuevos pacientes con síntomas de fiebre que aumentaron a 3,4 millones su total de casos. No dijo si hubo muertes adicionales.
La anterior cifra de fallecimientos difundida el viernes fue de 69 para una tasa de mortalidad de 0,002%, que es demasiado baja y ningún otro país ha registrado en su lucha contra el COVID-19, incluidas las economías avanzadas.
Muchos expertos del exterior aseguran que Corea del Norte está difundiendo cifras de fallecimientos menores a las reales para impedir algún daño político a Kim dentro del país.
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Dicen que Corea del Norte debe tener más s muertes porque la mayoría de sus 26 millones de habitantes no están vacunados y carece de la capacidad para atender a pacientes en condición grave.
Otros sospechan que Corea del Norte podría haber exagerado sus casos iniciales de fiebre en un intento para reforzar el control interno sobre su población.
Debido al brote, Corea del Norte dispuso un confinamiento nacional, aisló todas las unidades de trabajo y residenciales unas de las otras y prohibió el tránsito de personas de región a región.
El país todavía permite la agricultura, la construcción y otras actividades industriales, pero el endurecimiento de las restricciones suscitó preocupaciones sobre su inseguridad alimentaria y la fragilidad de su economía ya afectada tras los cierres fronterizos por la pandemia.
