MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
Las activistas --Zeinab Babi, Embarka al Hafidhi, Fátima al Hafidhi, Um al Mumin al Jarashi y Nasrathum (Hajatna) Babi-- fueron agredidas en cinco incidentes distintos ocurridos entre los días 15 y 16 de abril en Bojador, en el Sáhara Occidental.
Las cinco habían participado en protestas pacíficas a favor de la autodeterminación del pueblo saharaui y tras mostrar públicamente su apoyo a la activista Sultana Jaya.
"Policías marroquíes y agentes de paisano golpearon a las mujeres con porras y les dieron puñetazos y patadas. Una mujer perdió el conocimiento y ha tenido que someterse a cirugía de reconstrucción para su mano. Dos de las mujeres han denunciado agresiones sexuales", ha recogido Amnistía Internacional.
La organización denuncia que "cinco semanas después de estos lamentables ataques las autoridades marroquíes no han levantado aún un solo dedo para investigar", ha apuntado la subdirectora de Amnistía para Oriente Próximo y el Norte de África, Amna Guellai.
"Estas mujeres han ejercido pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y reunión y fueron brutalmente agredidas y han quedado con cortes, hematomas y, al menos en un caso, con huesos rotos", ha añadido Guellai.
PUBLICIDAD
Amnistía denuncia así la "absoluta impunidad" de los responsables. "En lugar de buscar justicia para estas mujeres, las autoridades marroquíes han apostado a agentes frente a sus casas y ahora tienen miedo de salir a la calle", ha indicado Guellai, que pide así "el fin del acoso y la violencia contra los activistas saharauis".
Sultana Jaya y su familia están bajo arresto domiciliario desde noviembre de 2020 y han sufrido continuas violaciones de sus derechos humanos, incluida la violación de la activista.
La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 en la Marcha Verde tras un acuerdo de cesión firmado con Madrid y pese a la resistencia del Frente Polisario, que proclamó la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
El alto el fuego de 1991 fue firmado por Marruecos y el Polisario con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.
