MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
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La comisión ha incidido en que en un contexto en el que Siria se enfrenta a su "peor crisis económica y humanitaria desde el inicio del conflicto", la comunidad internacional debe garantizar la asistencia al país y prolongar el compromiso actual, que expira el 10 de julio.
En este momento, Naciones Unidas estima que 14,6 millones de sirios dependen de la asistencia humanitaria, mientras que unos doce millones de personas se enfrentan a inseguridad alimentaria aguda, una cifra que ha aumentado en un 51 por ciento desde el año 2019.
Ya la semana pasada, los miembros del Consejo de Seguridad expresaron puntos de vista, en ocasiones opuestos, respecto a la necesidad de extender esta autorización, que desde 2014 ha garantizado el acceso a la ayuda que millones de sirios necesitan de manera "desesperada".
En el noroeste de Siria las condiciones humanitarias se deterioran debido a las hostilidades en curso y cerca de 4,1 millones de personas dependen ya de ayudas para satisfacer sus necesidades básicas, la mayoría de ellos, el 80 por ciento, son mujeres y niños.
"Es una abominación moral que una resolución del Consejo de Seguridad se haya considerado necesaria en sí misma para facilitar la ayuda transfronteriza frente a violaciones constantes (...) de sus obligaciones en virtud del derecho internacional de permitir y facilitar la ayuda humanitaria para los civiles necesitados", ha dicho el presidente de la Comisión Siria de la ONU, Paulo Pinheiro.
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Si bien parte de la ayuda se entrega a través de la línea desde el interior de Siria, algunas entregas contienen cantidades mucho más pequeñas e insuficientes y están expuestas a ataques a lo largo de una ruta de entrega peligrosa que cruza líneas de frente activas.
En este sentido, la comisionada Lynn Welchman ha abogado por la eliminación de "todos los obstáculos a la ayuda humanitaria", incluidos aquellos impedimentos originados incluso por sanciones internacionales.
Por otro lado, el comisionado Hanny Megally ha lamentado el cierre de cruces fronterizos autorizados en los últimos años, si bien es cierto que ha mostrado su incredulidad por el hecho de que la discusión actual parezca centrarse en clausurar el único cruce autorizado que queda para recibir ayuda, en lugar de ampliar el acceso a la ayuda.
A lo largo de sus 11 años de investigación del conflicto, la Comisión ha documentado cómo las hostilidades han obstaculizado la entrega de ayuda humanitaria en todo el país, y ha descubierto que tanto el Gobierno como los grupos armados han utilizado la ayuda humanitaria para la negociación política, llegando incluso a retenerla deliberadamente a poblaciones específicas, en concreto aquellas bajo asedio.
Todo esto en un momento en que la ofensiva rusa sobre Ucrania ha afectado de forma directa tanto a las relaciones diplomáticas como a los canales de diálogo en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.