MIAMI (AP) — Un empresario venezolano que pagó sobornos cuyo caso penal implica a un destacado opositor del presidente Nicolás Maduro fue sentenciado el lunes a cinco años de libertad condicional en reconocimiento a sus esfuerzos por exponer la corrupción desenfrenada en el poder judicial del país.
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El fiscal federal adjunto Michael Berger había buscado una sentencia reducida de cerca de dos años de prisión para Carlos Urbano Fermín en reconocimiento a su “ayuda significativa”.
Pero el juez Robert Scola dictó una sentencia aún menor, poniéndose del lado de los abogados de Fermín, que argumentaron que su cliente debería recibir un trato similar al de un acusado que cooperó en otro caso de soborno en Venezuela.
Al declararse culpable el año pasado, Fermín admitió haber pagado alrededor de un millón de dólares en sobornos a un “fiscal de alto rango” en Venezuela como “seguro” contra cualquier pesquisa sobre los extensos tratos de su empresa constructora con el gigante petrolero estatal PDVSA.
La fiscal venezolana no identificada es la exfiscal general de Venezuela Luisa Ortega, reportó The Associated Press el año pasado. Ortega no ha sido acusado, pero previamente señaló que las acusaciones de soborno fueron un intento infundado del gobierno de Maduro para obligarla a confesar y manchar su reputación.
Al recibir la sentencia el lunes, Fermín describió cómo se vio obligado a tomar la decisión de pagar sobornos o ver que su negocio de 1.500 empleados fuera destruido o incautado.
También agradeció al gobierno de Estados Unidos por brindarle un refugio seguro que le ha permitido evitar un destino como el de su hermano, quien se encuentra encarcelado en Venezuela desde 2017 por lo que considera cargos falsos.
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El juez Scola tomó la inusual medida de sellar procedimientos judiciales normalmente abiertos donde se discutieron detalles de la cooperación del acusado.
Ortega, que por mucho tiempo admiró al ahora difunto Hugo Chávez, rompió con el liderazgo socialista de Venezuela en 2017 por lo que llamó el descenso del país a la dictadura bajo Maduro.
Por sus opiniones abiertas, fue destituida de su cargo de fiscal general de Venezuela y huyó rápidamente a la vecina Colombia, donde ella y un equipo de fiscales exiliados intensificaron sus ataques contra la corrupción en su país y proporcionaron pruebas a la Corte Penal Internacional sobre violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por el gobierno de Maduro.
