Retirar a un proveedor de la red costaría a cada operador casi 300 millones de euros
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BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)
El director de Ciberseguridad de Huawei España, Gonzalo Erro, ha reclamado que la nueva Ley de Ciberseguridad 5G, que reserva la posibilidad de vetar empresas en zonas estratégica por considerarlas alto riesgo, se aplique de forma «objetiva, proporcionada y no discrecional» sobre los proveedores de los operadores.
Huawei ha presentado en su Centro de Transparencia en Bruselas sus políticas de ciberseguridad en un encuentro con medios, al que ha acudido Europa Press, en el que ha hecho énfasis en que sus productos cumplen con los estándares técnicos requeridos a la espera del desarrollo normativo.
De este modo, el fabricante asiático ha puesto de relieve su postura ante un posible veto en caso de que el Gobierno decida incluir a la empresa en la lista de proveedores de alto riesgo, lo que les dejaría fuera por ley del núcleo de las redes, el radio en zonas estratégicas y los centros de soporte.
En el caso de Huawei, el Gobierno podría esgrimir uno de los artículos de la ley que hace referencia a la injerencia de terceros países y la seguridad nacional, tal y como ocurrió en Estados Unidos durante la Presidencia de Donald Trump. La firma ha defendido que es propiedad de sus empleados y no del Gobierno de China.
«Consideramos que ese artículo 14 está previsto para situaciones excepcionales. Viene del ‘toolbox’, que no es algo que se ha hecho especifico para España (…) Un mecanismo excepcional tiene que estar disponible para el Gobierno (…) pero también su activación tiene que ser en situaciones excepcionales», ha subrayado Erro.
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Tras aprobar mediante Real Decreto el proyecto de ciberseguridad 5G, el Gobierno deberá publicar en junio un listado de proveedores que considera de alto riesgo y la lista de localizaciones estratégicas en las que no pueden estar presentes.
Según se establece en el texto, las empresas de la lista recibirán una citación previa 15 días antes de que se haga publico para ser recibidos en audiencia y presentar sus alegaciones. En el caso de que se estableciera el veto, el fabricante tendría opción al recurso, «una opción a valorar en su momento», en opinión de Erro.
En septiembre, el Ejecutivo deberá completar el desarrollo normativo, que revelará la lista final de los componentes específicos de la red en los que están vetados a estos proveedores , mientras que los operadores entregarán un informe sobre sus cadenas de suministros.
Erro ha calificado el real decreto de «un paso que se debía dar en algún momento» y ha subrayado que el contenido está en línea de lo esperado por Huawei tras la consulta pública de 2020.
RETIRAR UN PROVEEDOR DE LA RED
La incertidumbre sobre el futuro jurídico de Huawei en este campo ha motivado que los principales operadores hayan optado por Ericsson y Nokia para el nucleo (‘core’) y el radio de sus nuevas redes 5G. Si bien, el directivo de la empresa china ha mostrado confianza en que seguirán trabajando con los operadores.
El director de Ciberseguridad de Huawei España ha alertado de que un posible veto de la empresa asiática convertiría este mercado en prácticamente un duopolio entre la firma sueca y la finlandesa, lo que podría tener repercusiones en los costes de las ‘telecos’.
Al mismo tiempo, ha advertido de que, de producirse esta situación, España podría perder competitividad respecto al resto de países europeos y retrasar la implantación del 5G.
Un informe de Oxford Economics calculaba que retirar un gran proveedor de la red de uno de los operadores de telecomunicaciones españoles tendría un coste medio de 292 millones de euros y retrasaría en un año la llegada del 5G a cinco millones de personas. Asimismo, el impacto negativo en el PIB ascendería a 3.700 millones de euros en un escenario medio que podría agravarse hasta los 8.100 millones en el peor de los casos.
Al mismo tiempo, obligaría a los principales operadores a afrontar un gasto extra en pleno ciclo de inversión para el despliegue del 5G en un mercado marcado por la hipercompetitividad y la pujanza del ‘low cost’.
POLÍTICAS DE CIBERSEGURIDAD HUAWEI
La firma ha presentado sus estándares de ciberseguridad y se han mostrado confiados de que cumplan los requisitos del Gobierno español.
Huawei cuenta con una unidad de 200 trabajadores que funciona de manera independiente respecto a la línea de desarrollo de producto y garantiza que todos los servicios y dispositivos de la compañía cumplan los requisitos de ciberseguridad.
«Es nuestra máxima prioridad (…) Es una cuestión de negocio», ha subrayado el asesor senior de ciberseguridad de Huawei, Koen Cloesen. Entre otros aspectos, ha subrayado que la compañía cuenta también con una política de trazabilidad del código que permite identificar al autor de cada línea.
Asimismo, Huawei complementa su política de privacidad interna con certificaciones externas e independientes de sus dispositivos que realizan laboratorios como Dekra en España.
