El instructor se desplazó al país para escuchar a cuatro testigos, aunque finalmente tres de ellos no han respondido a sus preguntas
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MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha concluido su viaje a Argentina después de haber tomado declaración a un testigo relacionado con la causa sobre las supuestas comisiones que Isolux Corsán y su excúpula directiva entre 2008 y 2015 habrían pagado a una presunta asociación ilícita dirigida por el expresidente de Argentina Néstor Kirchner y su mujer y actual vicepresidenta, Cristina Fernández.
Según ha adelantado ‘El Independiente’ y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, el viaje que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 realizó al país latinoamericano ha servido para que el magistrado escuche a Óscar Bernardo, que se habría encargado presuntamente de llevar a los funcionarios a los lugares donde se les habrían entregado los pagos de las empresas para hacerse con contratos millonarios.
El instructor fijó este viaje a Argentina con la intención de tomar declaración a otros tres testigos que, finalmente, no han contestado a sus preguntas. De esta forma, Pedraz buscaba impulsar las pesquisas y dilucidar si se abonaron una serie de mordidas con el fin de conseguir en 2007 la adjudicación de la construcción de una central termoeléctrica en Río Turbio (Argentina).
Estas nuevas diligencias encontraban su origen en la querella que la Fiscalía Anticorrupción interpuso en 2020 contra el Grupo Isolux Corsán y contra los que fueran sus responsables en España. En concreto, el expresidente de Isolux Luis Delso, el vicepresidente, el consejero delegado y director financiero entre 2008 y 2015.
En un comunicado emitido hace dos años, Anticorrupción explicaba que las acciones no se dirigían contra los ciudadanos argentinos responsables de la sucursal en Argentina, dado que ya estaban procesados y pendientes de juicio en ese país por aquel entonces.
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LOS ‘CUADERNOS DE LA CORRUPCIÓN’
La querella se sustentaba en la investigación llevada a cabo por la justicia argentina en el conocido como caso ‘cuadernos de la corrupción’, según la cual durante los años 2003 a 2015, varios funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional habrían constituido una asociación ilícita, dirigida por el ahora fallecido Kirchner y su mujer, dedicada al cobro de comisiones ilícitas vinculadas a la concesión de obras públicas a diversas empresas.
Anticorrupción señalaba que, según el juez a cargo de esa investigación, «entre los años 2008 a 2015 el Grupo Isolux Corsán habría efectuado, al menos, 19 entregas de dinero a tales funcionarios, cada una de ellas por regla general por un importe de 300.000 dólares».
La investigación apuntó que, aunque esas entregas se ejecutaron por los responsables locales de Isolux, fueron «autorizadas» por la matriz española que, además, transfirió periódicamente los fondos necesarios para ello desde España.
El Ministerio Público recordó en su escrito que, además del normal ejercicio de sus funciones, la acción de la Fiscalía Anticorrupción se dirigía a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España tras la ratificación en el año 2000 del Convenio de lucha contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales hecho en París el 17 de diciembre de 1997.
