MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha denunciado la detención el sábado en Barú, en Cartagena, en el norte de Colombia, de dos periodistas que investigaban el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, tiroteado el 10 de mayo en Barú cuando estaba de viaje de luna de miel.
Los periodistas, identificados como Luis Ángel y María Luna Mendoza, fueron trasladados por los agentes a la subestación de Playa Blanca cuando realizaban un reportaje para el diario brasileño ‘O Globo’.
La FLIP ha publicado un vídeo en el que se puede ver al periodista forcejeando con agentes mientras les dice: «Yo puedo hacer esto. No estoy haciendo nada ilegal, compadre. Se van a meter en un rollo, en un problema».
La organización periodística ha criticado el «procedimiento irregular y que va en contra del derecho de los periodistas de investigar» y ha instado a la Dirección General de la Policía Nacional y a la Dirección de Derechos Humanos a poner en libertad al periodista y «se abstengan de interponer algún tipo de comparendo en contra de los periodistas».
La mujer ha sido puesta en libertad, pero Luis Ángel continúa detenido en Barú, según recoge la cadena colombiana RCTV.
La Policía ha publicado un comunicado en el que explica que los hechos se produjeron mientras los agentes realizaban actividades de vigilancia y control y observan a una persona grabando, al parecer, las instalaciones de la subestación de policía.
«De acuerdo con las primeras informaciones, que son objeto de verificación, el personal en servicio requiere al ciudadano respecto a esta actividad y procede a solicitar su identificación», relata la nota.
«Debido a que esta persona se habría negado a permitir el procedimiento, fue llevada a la instalación policial para establecer su plena identidad», prosigue, al tiempo que aclara que en ningún momento el ciudadano fue deteniodo. «Una vez en el lugar, se identificó con su cédula de ciudadanía y el documento que lo acredita como periodista», reconoce la Policía.
El resultado ha sido una multa por incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía. «La Institución es respetuosa de la libertad de prensa y, al mismo tiempo, aplica las normas contempladas en el marco de la ley», resalta la Policía.