BRUSELAS, 12 (EUROPA PRESS)
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La comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo ha pedido fortalecer la arquitectura antifraude en el seno de la UE ya que el plan de recuperación supone un reto adicional para la protección presupuestaria y ha valorado positivamente la activación del Mecanismo de Condicionalidad de los Fondos contra Hungría.
Con 24 votos a favor, uno en contra y 4 abstenciones, la comisión de Control Presupuestario ha avalado esta semana el texto presentado por la eurodiputada húngara de los Liberales europeos (Renew Europe), Katalin Cseh, en el que se señalan los retos para la protección del presupuesto comunitario y ha pedido a los Estados miembro que refuercen su cooperación en la lucha contra el fraude económico en la UE. Este aval debe ser aún refrendado por el pleno del Parlamento Europeo para que sea efectivo.
Además, los eurodiputados han valorado positivamente la activación del Mecanismo de Condicionalidad de los Fondos al Estado de Derecho contra Hungría y han indicado que la Comisión debería considerar su aplicación contra todos los Estados miembros que no respeten el Estado de derecho «sin discriminación».
Entre los retos referidos por la comisión de Control Presupuestario figuran la adjudicación de los fondos del Plan de Recuperación, que apuntan pueden ser una oportunidad para los estafadores. También han mencionado que muchos Estados miembro no cuentan con una legislación específica para luchar contra el crimen organizado o que los organismos antifraude de la UE no cuentan con personal suficiente ni recursos financieros.
Los eurodiputados han advertido de que cinco Estados miembros: Polonia y Hungría, que son los principales beneficiarios de los fondos de la UE, así como Suecia, Dinamarca e Irlanda, no forman parte de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) y han instado a que se unan «sin demora». Además, han abogado por fomentar una cooperación más estrecha entre las autoridades de los Estados miembro y a Oficina Antifraude Europea (OLAF).
En 2020, se contabilizaron 1.056 casos de fraude en la UE, valorados en 374 millones euros. La mayoría de estas irregularidades se referían a la falsificación de documentos en relación con el desarrollo rural y la ayuda agrícola.
