MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
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El senador Iván Cepeda y el exfiscal Eduardo Montealegre en su calidad de víctimas en el caso que investiga al expresidente de Colombia Álvaro Uribe por manipulación de testigos y fraude procesal han presentado una tutela contra la Fiscalía al considerar que se vulneran sus derechos al dilatar el proceso.
Cepeda y Montealegre denuncian que la Fiscalía estaría violando sus derechos al debido proceso, de igualdad, de acceso a la administración de verdad y justicia y de reparación, puesto el proceso contra Uribe estaría siendo dilatado después de que el nuevo encargado del caso, Javier Cárdenas Pérez, haya ordenado nuevas investigaciones a pesar de que el tiempo para hacerlo ya ha expirado.
En un comunicado ambos sostienen que esta nueva estrategia de la Fiscalía busca revivir la posibilidad de nuevamente la preclusión del caso, algo que la magistrada, Carmen Helena Ortiz, ya les negó hace dos semanas un tribunal.
«Al dilatar injustificadamente la actuación penal, ha burlado nuestros derechos como víctimas. Asimismo, ha violentado las garantías fundamentales; al acceso a la administración de justicia; y los derechos a la verdad, la justicia y la reparación», ha denunciado Cepeda a través de un hilo en Twitter.
«La Fiscalía desde el 28 de abril tiene la obligación de acusar al imputado Uribe y no lo ha hecho; pese a que la única alternativa que tiene es esa, ha dispuesto la práctica de nuevas investigaciones», han expuesto, informa el diario ‘El Espectador’.
Cepeda y Montealegre sostiene que el único camino legal que le queda a la Fiscalía es llamar a declarar a Uribe por estos delitos que se le imputan, fraude procesal y manipulación de testigos.
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Sin embargo, Cárdenas pidió hace una semana la declaración de Uribe –algo que el anterior fiscal, Gabriel Jaimes– y de otras 26 personas, además de solicitar otros siete registros. Para Cepeda y Montealegre el tiempo para llevar a cabo estas nuevas investigaciones ha expirado por lo tanto es ilegal.
EL CASO URIBE
El proceso contra Uribe se remonta a 2012 cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, al acusarle de dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarle de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.
Sin embargo, el proceso giró de manera inesperada cuando el Tribunal Supremo no sólo archivó la causa por falta de pruebas, sino que abrió una investigación contra Uribe por ese mismo crimen y por otro de fraude procesal, al considerar que los testimonios recopilados por Cepeda no fueron producto de manipulación ni de pagos.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe, una por presionar presuntamente a antiguos paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por sobornar a Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus afirmaciones que vinculan al expresidente con la creación de las Autodefensas Unidas en Antioquia.
