MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Las autoridades de Sudán han creado un comité de emergencia en el seno de las fuerzas de seguridad tras el asesinato de tres civiles en un ataque perpetrado el sábado contra un campamento de desplazados en el estado de Darfur Sur, en medio del aumento de las tensiones en la región de Darfur (oeste).
El Comité de Seguridad de Darfur Sur ha dicho que los atacantes abrieron fuego desde dos vehículos contra un grupo de personas que se encontraba en un campo de fútbol en el campamento de Kalma, ubicado en los alrededores de la capital estatal, Nyala.
Así, ha destacado que las fuerzas de seguridad se han movilizado para arrestar a los responsables y llevarlos ante la justicia, sin que por el momento se sepa quién ha estado detrás del ataque, tal y como ha recogido la emisora sudanesa Radio Dabanga.
El campamento de Kalma recoge a cerca de 100.000 desplazados que huyeron de sus localidades durante el conflicto en Darfur. El antiguo grupo rebelde Movimiento de Liberación de Sudán-Abduluahid al Nur (SLM-N) ha denunciado al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de estar detrás del ataque.
Las RSF, encabezadas por el vicepresidente del Consejo Soberano de Transición, Mohamed Hamdan Dagalo, han sido acusadas de estar implicadas en los recientes enfrentamientos intercomunitarios en Darfur Occidental, que han dejado más de 200 muertos.
El propio Dagalo, conocido como ‘Hemedti’, aseguró la semana pasada que los enfrentamientos estuvieron «planificados» por parte de personas que «llevan a cabo complots» contra el país africano, antes de agregar que los sucesos serán investigados «con transparencia» y que los responsables «rendirán cuentas».
La región de Darfur ha sido escenario de un repunte de las tensiones intercomunitarias a pesar del histórico acuerdo de paz de octubre de 2020 con varios grupos rebeldes, que intenta poner fin a los combates que estallaron en 2003, que han dejado al menos 300.000 muertos y más de 2,5 millones de desplazados.
El expresidente Omar Hasán al Bashir –derrocado en un golpe de Estado en abril de 2019–, así como otros altos cargos durante su mandato, son buscados por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por supuestos crímenes de guerra y contra la Humanidad en el marco de este conflicto.