BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha enviado este miércoles la primera notificación formal a Hungría para aplicar, por primera vez, el mecanismo que permite bloquear el desembolso de fondos comunitarios, atendiendo a las dudas de Bruselas en materia de Estado de derecho.
La notificación remitida por la Comisión Europea supone el primer paso formal de un proceso administrativo, no judicial, según han aclarado desde la institución, por lo que no tiene efectos legales. El Gobierno de Viktor Orbán tiene ahora un plazo de dos meses para corregir la situación y evitar que Bruselas siga avanzando en el proceso para congelar los fondos.
Por parte del Ejecutivo húngaro, el jefe de gabinete del primer ministro, Gergelys Gulyas, ha vuelto a defender las reformas, alegando por ejemplo que es necesario que los menores de edad de la «propaganda» LGTBI, en alusión a la ley que limita la difusión de ciertos contenido en centros educativos.
Asimismo, Budapest ha recordado que el 3 de abril «los votantes hungaros hablaron con claridad» al conceder una nueva mayoría a Fidesz y ha reclamado que las familias húngaras no pueden pagar «el precio de la guerra» en Ucrania.
La UE cuenta con un reglamento que permite a Bruselas denegar el pago de fondos comunitarios –también los previstos en el plan de recuperación– a países que han violado los principios del Estado de derecho para proteger los intereses financieros del bloque.
La notificación llega después de que Bruselas haya identificado una serie de situaciones irregulares en Hungría relacionadas con el uso del presupuesto, como contratación pública, control financiero, auditorias, contabilidad, transparencia entre otros incumplimientos legislativos.
El bloqueo de fondos no es inmediato, en la medida en que pueden pasar aún varios meses antes de que se adopte una decisión en el seno de la UE, pero supone un paso definitivo de un mecanismo inédito que tanto Hungría como Polonia consideraron un exceso por parte de las instituciones comunitarias.
La intención del Ejecutivo comunitario con esta carta de notificación es abrir una ronda de discusión formal con Hungría, después de haber identificado «motivos suficientes» para considerar que se han vulnerado los pilares del Estado de derecho y que, además, podría poner en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea.
La regulación se aplicaría desde su entrada en vigor, el pasado 1 de enero de 2021 y se aplicaría a todos los pagos realizados desde esa fecha, «incluido los compromisos legales previos», han matizado desde el Ejecutivo comunitario.
«No buscamos la aplicación de sanciones si no la protección del presupuesto», ha matizado un portavoz comunitario, que ha añadido que la Comisión Europea ha considerado que no existe otro procedimiento para tratar de solventar la situación.
Con esta notificación, la Comisión Europea concede un plazo de dos meses a las autoridades nacionales húngaras para responder a sus requerimientos y ofrecer una explicación. De no obtener una respuesta satisfactoria, el proceso continuará y puede extenderse entre cinco y nueve meses.
Si el Estado miembro no resuelve la situación, Bruselas pedirá a Hungría explicaciones sobre las dificultades para implementar tales rectificaciones. Una notificación ante la cual Hungría tendrá otro plazo de respuesta y de no llegar a un acuerdo, la Comisión Europea propondrá medidas para remediar la situación que deberán ser aprobadas en el Consejo Europeo por mayoría cualificada.
Este mecanismo de condicionalidad del presupuesto implicaría la puesta en marcha medidas administrativas como la suspensión e interrupción de pagos, aun que no se trata de sanciones, han aclarado fuentes comunitarias, que han incidido en que estas medidas deben ser proporcionadas de acuerdo al impacto de las violaciones del Estado de Derecho.
La Comisión Europea ha recordado que cuenta años alertando a las autoridades húngaras de los niveles excepcionalmente elevados de irregularidades financieras.
La Comisión Europea dio el pasado noviembre un último aviso a los gobiernos de Polonia y Hungría antes de activar formalmente el mecanismo para congelar el desembolso de fondos comunitarios por su deriva autoritaria y ataques contra el Estado de derecho.
En este marco, el Ejecutivo comunitario envió previamente «cartas administrativas» e informales a Varsovia y Budapest en la que solicitó «información que podría ser relevante para la aplicación del régimen general de condicionalidad».
Además de a Hungría, Bruselas apercibió también a Polonia en un contacto previo del riesgo de que viera fondos congelados por vulnerar el Estado de derecho, pero la vicepresidenta comunitaria responsable, Vera Jourova, ha justificado este miércoles que el paso definitivo solo se haya dado contra Budapest tras analizar las distintas respuestas recibidas por ambos gobiernos tras el ultimátum.
«No significa que dejemos de vigilar a Polonia», se ha defendido Jourova, al ser preguntada por la diferencia de trato, al tiempo que ha explicado que, en el caso de Hungría, el Ejecutivo comunitario está «seguro» de tener «pruebas suficientes» de las ilegalidades y de poder defender el caso si el gobierno apela la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE.
MECANISMO DE CONDICIONALIDAD DE LOS FONDOS
La normativa de condicionalidad de los fondos –vigente y aplicable desde el pasado 1 de enero de 2021– fue aprobada con el rechazo de los gobiernos de Hungría y Polonia, que consideraron que es arbitraria y carece de base jurídica, por lo que durante varias semanas bloquearon la adopción del presupuesto europeo y del plan anticrisis de 800.000 millones de euros.
Ambas capitales cedieron y levantaron su veto antes de que finalizara 2020, pero garantizaron que llevarían sus dudas ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE). A cambio, el Ejecutivo comunitario se comprometió a no iniciar ningún procedimiento hasta conocer el veredicto de la Justicia europea.
El pasado febrero, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló el mecanismo que condiciona el desembolso de fondos europeos al respeto del Estado de derecho, en dos sentencias, en las que la Gran Sala del Tribunal europea consideró que el mecanismo ha sido adoptado sobre una base jurídica adecuada, es conforme con otros procedimientos existentes en los Tratados y respeta los límites de las competencias atribuidas a la Unión y el principio de seguridad jurídica.