MADRID, 27 (EUROPA PRESS)
PUBLICIDAD
Un tribunal de Singapur ha ejecutado este miércoles a Nagaenthran Dharmalingam, un ciudadano de origen de malasio acusado de tráfico de drogas y que llevaba más de una década en el corredor de la muerte.
Su caso ha desatado la polémica después de que un médico certificara que el acusado poseía una discapacidad intelectual dado su bajo coeficiente intelectual. Sin embargo, el Gobierno ha recalcado que el hombre era «claramente consciente de la naturaleza de sus actos» al intentar introducir heroína en el país.
Las autoridades han indicado que existen pruebas de que el acusado «era consciente del bien y el mal y de las consecuencias de lo que estaba haciendo», mientras que la Justicia ha rechazado un último recurso presentado por su madre.
Nagaenthran fue detenido tras entrar en Singapur desde Malasia con 43 gramos de heroína pegada a su cadera izquierda. La legislación de Singapur establece que traficar con más de 15 gramos de heroínas puede acarrear la pena capital.
Durante el juicio, el acusado, de 34 años, señaló que había sido obligado a llevar la droga, si bien posteriormente admitió haber cometido el delito porque necesitaba el dinero.
La ONG Reprieve ha tildado de «injustificable» su ejecución y ha insistido en que se trata de una medida «desproporcionada» dado el delito cometido. «La mayoría de las víctimas son pobres y vulnerables o pertenecen a comunidades marginadas», ha aseverado, según informaciones del diario ‘The New Straits Times’.
PUBLICIDAD
«Su nombre pasará a la historia como el de una víctima de un sistema judicial fracasado», ha indicado en un comunicado en el que ha sostenido que se trata de una «clara violación de los Derechos Humanos». «Nuestros pensamientos están con la familia, que nunca ha dejado de luchar por él», ha aseverado.
A principios de esta semana, la portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani, pidió a las autoridades de Singapur detener de forma inmediata la ejecución de dos hombres acusados de tráfico de drogas, entre los que se encontraba Nagaenthran.
La ONU estima que más de 50 personas se encuentran en peligro de ser ejecutados en Singapur. «El uso de la pena de muerte para estos delitos es incompatible con el Derecho Internacional», afirmó entonces Shamdasani.
En este sentido, solicitó a las autoridades de Singapur a dejar de lado este tipo de prácticas y ofrecer «clemencia» a los acusados, a los que podría «conmutar las penas y condenarlos a prisión». «Pedimos que revisen esta postura ante la falta de efectividad que supone implementar esta pena», recalcó.
