MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
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La ONG Human Rights Watch (HRW) ha alertado de que la condena a cadena perpetua al activista Osman Kavala por parte de la justicia turca es una muestra más de ausencia de independencia de los tribunales, que actual «bajo instrucciones» del presidente, Recep Tayyip Erdogan.
«La guerra en Ucrania no debería permitir que los aliados internacionales de Turquía hagan la vista gorda ante la grave crisis del estado de derecho y los Derechos Humanos en el país ejemplificada en este último veredicto y sentencias», ha advertido el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth.
La ONG ha recordado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya dictaminó en diciembre de 2019 que Turquía había utilizado la detención de Kavala con fines políticos y violando sus derechos. La resolución del organismo es jurídicamente vinculante, pero las autoridades turcas «ignoraron la sentencia».
En estas, HRW ha instado a los socios y aliados de Turquía a que garanticen que la «injusta condena» de Kavala y otros acusados en el mismo caso tenga «consecuencias políticas». En concreto, la organización considera que la Comisión Europea y los Estados miembro de la UE deben «revisar urgentemente su compromiso con Turquía» y «condicionar» las relaciones a una serie de avances en materia judicial.
«Las condenas deben leerse como una respuesta desafiante de Turquía al Consejo de Europa, que en febrero tomó la medida sin precedentes de iniciar procedimientos de infracción contra Turquía por su negativa a cumplir con la sentencia del Tribunal Europeo que pedía la liberación de Kavala», ha apuntado Roth.
Finalmente, el director ejecutivo de HRW ha pedido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se pronunciarse nuevamente sobre el caso Kavala para que, en parte, se profundice la crisis en las relaciones del país con el Consejo de Europa».
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La Justicia de Turquía condenó el lunes a cadena perpetua al activista Osman Kavala, acusado de financiar empresas antigubernamentales en 2013 y desempeñar un papel relevante en el fallido intento de golpe de Estado en 2016. Junto a él, otras siete personas están condenadas a 18 años de prisión.
Kavala ha permanecido en prisión desde 2017 a la espera de un juicio por los cargos que se le imputaban y organismos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han abogado por su liberación.
Durante todo este tiempo Kavala ha negado todos los cargos y sus abogados han llegado a describir su detención como injusta al estar fundamentada en «motivos políticos» de carácter «abstracto, carentes de base y ficticios».
