MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Nicaragua se dispone a cerrar otras 25 organizaciones y fundaciones, dentro de una campaña represiva que ya suma más de cien entidades afectadas desde la ola de protestas de 2018 y que cuenta desde hace unas pocas semanas con el respaldo de una ley más restrictiva para las ONG.
El diputado oficialista Filiberto Rodríguez ha sido el responsable de presentar el decreto legislativo, que señala a organizaciones como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), la Coordinadora Nicaragüense de Organismos No Gubernamentales que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni) y la Fundación Luisa Mercado, fundada por el escritor Sergio Ramírez, entre otras.
Además, la inhabilitación también se cierne sobre dos organizaciones empresariales, en concreto la Red de Empresarias Nicaragüenses (REN) y la Asociación Civil de Productores de Caña de Azúcar (Aprocari), esta última dirigida por Michael Hay, actualmente en prisión, según el diario ‘La Prensa’.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó a principios de abril la Ley General de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro, que deja a las ONG a merced del Ministerio de Gobernación. Sobre este organismo recaen las competencias para introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones y, por extensión, de la retirada de permisos.
El oficialismo controla la Asamblea Nacional, gracias a lo cual ha logrado sacar adelante leyes a medida de los criterios del Gobierno de Daniel Ortega. Tanto la oposición interna como organismos internacionales han alertado de la creciente presión sobre entidades independientes, si bien las autoridades han justificado los cierres de ONG y de universidades en virtud de argumentos administrativos.