MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
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El director del Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), Pablo Ramírez, ha comparecido ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional de Ecuador para justificar su ausencia durante la audiencia del el exvicepresidente del país Jorge Glas, recién excarcelado en beneficio de ‘habeas corpus’.
«No es de mis competencias asistir directamente a las audiencias», ha respondido Ramírez, agregando que para esta diligencia fue acreditado el abogado de la cárcel de Latacunga, donde permaneció Glas hasta el domingo 10 de abril, tal y como ha informado el diario ‘El Comercio’.
En esta audiencia, el SNAI no se pronunció en contra de los argumentos del equipo legal de Glas, ya que, según ha defendido Ramírez, los únicos que pueden cuestionar los informes médicos son los funcionarios del Ministerio de Salud.
Ante las preguntas respecto de los informes médicos de Jorge Glas, Ramírez ha afirmado que los primeros reportes fueron realizados por médicos particulares y validados por el Ministerio de Salud y ha señalado que no puede pronunciarse debido a la confidencialidad que otorga la ley, tal y como ha recogido el diario ‘El Universo’.
Por otro lado, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, ha asegurado que saben dónde está Glas en cada momento. «Hemos reforzado su escolta. Nosotros tenemos que saber hasta cuántas veces respira por minuto», ha agregado, tal y como recoge el diario ‘Primicias’.
Según el consejero presidencial, Diego Ordóñez, esta medida de vigilancia total se ha tomado para evitar que el que fuera ‘número dos’ del expresidente Rafael Correa pueda evadir la Justicia, pues sobre él pesan dos sentencias en firme por casos de asociación ilícita y cohecho.
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Glas ha salido este domingo de prisión después de que un juez del cantón Santa Elena, en el oeste del país, le haya concedido el ‘habeas corpus’, tras haber permanecido en la cárcel por cuatro años y medio.
Además de las dos sentencias en firme, Glas tenía abierto un proceso por ser supuesto coautor de un delito de apropiación indebida de fondos públicos. Sobre él pesa una pena de ocho años que aún no ha terminado de cumplir.
