BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)
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El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea Giovanni Pitruzzella ha propuesto este jueves que la Justicia europea desestime el recurso de la Comisión Europea contra la anulación de la sanción impuesta por el Ejecutivo comunitario a los clubes de fútbol Valencia y Elche.
El Abogado General ha considerado «infundado» el motivo único del recurso de casación interpuesto por la Comisión respecto a la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TUE), de marzo de 2020, en la que anulaba la decisión de Bruselas que declaraba que los clubes de fútbol Valencia CF y Elche CF habrían recibido ayudas públicas ilegales a través de los avales concedidos por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) y que, por tanto, debían devolverlas.
Las conclusiones del Abogado General no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la UE aunque las sentencias del organismo coinciden en la gran mayoría de los casos con la línea marcada por estos dictámenes.
El tribunal con sede en Luxemburgo anuló la decisión adoptada por el Ejecutivo en 2016 al considerar que «adolece de errores manifiestos de apreciación».
El asunto se refiere a los avales que el IVF, institución financiera de la Generalitat Valenciana, otorgó entre 2009 y 2010 a fundaciones vinculadas al Valencia CF, Hércules CF y Elche CF. El objetivo de estos avales era garantizar préstamos bancarios suscritos por estas fundaciones para participar en la ampliación de capital de los clubes a los que estaban vinculadas.
La Comisión Europea declaró que estas medidas constituían ayudas de Estado ilegales e incompatibles con el mercado interior a favor de los tres clubes de fútbol. En consecuencia, exigió su recuperación. Esta decisión fue recurrida por los tres clubes valencianos.
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En su dictamen, el Abogado General ha señalado que no existe una «verificación precisa» por parte de la Comisión de la existencia de un precio de mercado establecido para un préstamo no avalado, motivo por el cual considera que el Ejecutivo comunitario «no ha cumplido con las exigencias» de pruebas.
Pitruzzella ha argumentado que la Comisión se ha basado «exclusivamente en un razonamiento lógicamente plausible» y ha deducido que no existen «préstamos similares no avalados», sin embargo no respalda «mínimamente su conclusión con información específica».
Así el Abogado General considera que el Ejecutivo comunitario «se ha limitado a pedir al Estado miembro y a los interesados que presenten observaciones» aunque ninguno de los elementos del expediente sugiere que «existan operaciones análogas en el mercado».
