Los peruanos buscaban el martes llegar a sus empleos en Lima pese a un sorpresivo toque de queda ordenado por el gobierno para frenar la violencia de las protestas contra el alza del precio del combustible y los alimentos, mientras políticos opositores y expertos criticaron la medida por considerarla contraria a las leyes.
“Es una pena, estamos viviendo una situación económica pésima hermano. ¿Tú sabes lo que es perder un día? Tenemos que trabajar para comer”, se quejó Juan Gutiérrez, de 45 años y padre de cuatro, quien esperaba desde hacía casi una hora el autobús que lo lleva a una zona cercana al centro de Lima donde trabaja en un taller de costura en el que le pagan por cada prenda que cose.
Los paraderos de autobuses de las zonas alejadas que rodean a la capital mostraban escenas parecidas, de acuerdo con los canales de televisión locales, mientras los grandes mercados mayoristas adonde llega el pescado, la carne de ave, las verduras y las frutas lucían casi vacíos en medio de la crisis económica que golpea el bolsillo de millones de peruanos.
La última semana de protestas de camioneros y transportistas por el alza del precio de los combustibles y los alimentos dejó cuatro muertos y varios heridos. Como respuesta el gobierno suspendió el domingo un impuesto para algunos tipos de gasolinas y diésel que elevaban entre 28% y 30% el precio final. Así el diésel más usado bajó en 0,47 dólares el galón, pero varios manifestantes dijeron que el lunes el combustible seguía elevado en las gasolineras.
Las principales líneas de transporte público no trabajaron, por lo que automóviles particulares llamados taxi-colectivos ofrecían transporte a precios que triplicaban el normal. Muchos vendedores ambulantes que ofrecen desayunos a 1,5 dólares en las calles y que abundan por miles en Lima no habían salido a laborar con regularidad, constataron periodistas de The Associated Press.
La polémica tras el toque de queda en Perú
Los militares salieron en apoyo de la policía y se apostaron en puntos estratégicos de los distritos más populosos de la periferia, pero también cerca del aeropuerto, algunas gasolineras y centros comerciales.
El ministro de Defensa, José Gavidia, dijo el martes a periodistas que el toque de queda para el martes decretado por el presidente Pedro Castillo estuvo motivado por información de inteligencia que indicaba que «los actos de violencia iban a generalizarse sobre todo en el centro de Lima, por lo que había que tomar medidas extremas. No es un capricho».
Al borde de la medianoche del lunes el presidente decretó la inmovilización de ciudadanos desde las dos de la madrugada hasta las 23.59 luego de una semana de protestas en los Andes. La víspera las manifestaciones dejaron casetas de peaje incendiadas, así como saqueos en algunas tiendas.
El Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, presentó una demanda de hábeas corpus para dejar sin efecto el toque de queda de forma inmediata, mientras la presidenta del Congreso, María Alva, calificó la medida de “inaceptable” y anunció que el Parlamento “seguirá trabajando”, en comunicación con la radio local RPP.
Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch, dijo en su cuenta de Twitter que “la ‘inmovilización social’ establecida en respuesta al paro de transportistas es una restricción generalizada y desproporcionada a los derechos de reunión y movimiento” y añadió que la decisión del presidente Castillo “contradice las obligaciones internacionales de Perú”.
El toque de queda permite el funcionamiento de los servicios esenciales, incluidos los mercados de alimentos, farmacias, hospitales y recolección de basura. No obstante, en varios hospitales se presentaron problemas para la atención de pacientes con citas programadas con anticipación porque los médicos tardaban en llegar.
La prohibición de personas en las calles por casi 24 horas recuerda los pasados encierros ordenados para evitar los contagios del nuevo coronavirus que dejaron en Perú más de 212.000 muertos desde el inicio de la pandemia.
El alza del precio de los combustibles ha elevado el costo de los alimentos. El mandatario ha admitido que Perú vive una crisis económica y señalado que el alza de precios fue impulsada por los efectos de la pandemia de COVID-19 y ha sido atizada por el reciente conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha llevado al país a una “economía de guerra”.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática, que mide el índice de precios al consumidor, anunció el viernes que la inflación mensual de marzo fue de 1,48%, la más alta en 26 años. En febrero de 1996 la inflación había sido de 1,53%.
Castillo es criticado por expertos por su descuido en nombrar funcionarios claves y tiene tres investigaciones congeladas por presunta corrupción en la fiscalía. En ocho meses de gestión ha modificado cuatro veces su gabinete ministerial y su impopularidad alcanzó el 68% en marzo, según un sondeo del Instituto de Estudios Peruanos publicado en el diario La República.
El Parlamento -que ha intentado destituirlo- lo supera en descrédito y su desaprobación llega al 79%.