El estado de excepción fue aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador el 27 de marzo y estará en vigor en principio durante un mes. El presidente, Nayib Bukele, lo defiende como una herramienta necesaria para contener la violencia tras decenas de asesinatos, si bien este régimen genera dudas por las derivadas que supone para el respeto de libertades y derechos.
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La portavoz de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Liz Throssell ha advertido de que, «supuestamente», los policías y los militares están excediéndose en su actuación, con detenciones masivas –Bukele estima que son ya 6.000 en nueve días– sin una orden de arresto y un trato «cruel, inhumano y degradante» sobre los sospechosos.
La ONU reconoce los «retos» que puede suponer la violencia de las pandillas en El Salvador, pero al mismo tiempo recuerda que, independientemente de la situación, las autoridades salvadoreñas están obligadas a respetar el Derecho Internacional.
«Recordamos a El Salvador que el derecho a la vida, el derecho a no sufrir torturas, el principio de juicio justo y la presunción de inocencia (…) se aplican en todo momento, también en estados de emergencia», ha señalado Throssell, que ha hecho hincapié «especialmente» en el caso de menores de edad.
REFORMA LEGAL
La portavoz ha enfatizado también su preocupación por la enmiendas que puedan hacerse a nivel legal para, entre otras cuestiones, elevar las condenas contra los pandilleros, ya que genera dudas en cuanto a la magnitud de estas penas y al «debilitamiento» del debido proceso, por ejemplo con la eliminación del límite de dos años en prisión preventiva y con juicios ‘in absentia’ o donde la identidad del juez sea confidencial.
Los adolescentes vinculados con grupos armados podrían ser condenados como adultos y cumplir la pena en una cárcel al uso. Para quienes tengan entre 12 y 16 años, las reformas plantean elevar las sentencias de siete a diez años, mientras que asciende a 20 en el caso de acusados de entre 16 y 18 años.
