El primero en caer en desgracia fue el dictador panameño Manuel Noriega, aliado de Washington antes de caer derrocado
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MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
Con su inminente extradición a Estados Unidos Juan Orlando Hernández será el segundo expresidente de Honduras y el cuarto de Centroamérica que cumplirá una pena de prisión en las cárceles de su gran vecino del norte.
Otrora uno de los principales aliados de Washington en la región, acabó cayendo en desgracia a medida que las sospechas sobre sus vínculos con el narcotráfico se hicieron más evidentes y sobre todo por la imposibilidad de revalidar mandato.
Su imagen esposado de pies y manos y ataviado con un chaleco antibalas cuando era sacado bajo un fuerte dispositivo policial de su lujosa vivienda en Tegucigalpa contrasta con las fotografías y los acuerdos en materia de narcotráfico que durante su mandato selló con las diferentes administraciones estadounidenses, en especial la de Barack Obama, que vio con buenos ojos el golpe de Estado a Manuel Zelaya.
Con la sentencia de cadena perpetua para su hermano Toni Hernández por narcotráfico en un tribunal de Nueva York y tras la imposibilidad de obtener un tercer mandato –perdiendo así su inmunidad–, el expresidente hondureño ha pasado el último año sabiendo que sus días para responder ante la Justicia de Estados Unidos estaban contados.
Aquellos ocho años de Hernández al mando de Honduras han dejado un país que da claros signos de haberse convertido ya en un Estado fallido, con las estructuras del narcotráfico impregnándolo todo, con altos índices de pobreza, violencia y una corrupción que se ha instaurado a todos los niveles en las instituciones y que hacen del mandato de la nueva presidenta, Xiomara Castro, un reto mayúsculo.
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Antes que Hernández, el expresidente Rafael Callejas Romero (1990-1994) también tuvo que responder ante las autoridades estadounidenses por las corruptelas que había cometido durante su mandato, pero no al frente del país, sino de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras.
Estados Unidos solicitó su extradición y posteriormente le impuso una condena de cuarenta años de prisión domiciliaria por asociación para delinquir, falsificación y blanqueo de capitales. Callejas reconoció haber recibido sobornos en el escándalo conocido como ‘FIFA Gate’, una trama de corrupción en el seno de la federación de fútbol mundial que se destapó en 2015. Aquejado de leucemia, murió en 2020 de un paro cardiaco en su casa de Atlanta.
NORIEGA, DE SOCIO A ENEMIGO
Fuera de Honduras, el primero de los dirigentes centroamericanos que tuvo que responder ante un tribunal de Estados Unidos fue el dictador panameño Manuel Noriega (1983-1989), una de las figuras más importantes de la región en la década de los ochenta. Pasó de ser un aliado de Washington a que su principal valedor le bajase del poder violentamente.
Así, el que fuera estrecho confidente de la CIA y su principal herramienta para introducir armamento y financiación en las fuerzas paramilitares que desestabilizaron la región en aquella década, Noriega fue detenido tras la invasión de Estados Unidos –la segunda que ejercía sobre Panamá– en donde fue condenado a cuarenta años de prisión por sus vínculos con el cártel de Medellín de Pablo Escobar.
Después de veinte años entre rejas una prisión de Miami, fue extraditado a Francia donde fue condenado por delitos de blanqueo de capitales en 2010. Un año después fue enviado a Panamá, en donde murió bajo arresto domiciliario en 2018.
De los cuatro es el único que ha sido derrocado por la vía armada, en su caso a través de la invasión militar estadounidense conocida como ‘Operación Causa Justa’ entre 1989 y 1990, para la que el expresidente George H.W. Bush envió más de 26.000 soldados al pequeño país centroamericano, dejando, según las estimaciones más mesuradas de Naciones Unidas, unos 500 civiles y más de 300 militares muertos.
El otro de esta lista es el guatemalteco Alfonso Portillo, presidente entre 2000 y 2004, quien en 2013 fue extraditado a Estados Unidos para responder ante las acusaciones que aseguraban que había recibido unos 2,5 millones de dólares en sobornos por parte del Gobierno de Taiwán a cambio de conservar las relaciones diplomáticas entre ambos países.
En febrero de 2015 regresó a Guatemala tras cumplir una pena de prisión de 70 meses. En mayo de ese mismo año intentó presentar su candidatura como diputado en las elecciones de septiembre, pero finalmente las autoridades electorales se lo impidieron.
El pasado de Portillo ya había estado en entredicho, después de que se conociera que a la edad de 19 años, cuando residía con su familia en México, asesinó tiros a un hombre a la salida de un baile en 1982. Huyó a Guatemala y aquel delito prescribió.
