MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
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El Parlamento de El Salvador ha aprobado este miércoles un endurecimiento de las condenas contra pandilleros en el marco del repunte de la violencia en el país que ha llevado a las autoridades a imponer el estado de excepción durante 30 días.
«Con 63 votos a favor, reformamos la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, a fin de probar de forma más expedita la participación en pandillas y aumentar las penas», ha indicado en un mensaje la Asamblea salvadoreña en su perfil oficial de Twitter.
Además de esta medida, se debaten otras siete iniciativas en una sesión extraordinaria a peticion del Gobierno que busca reformar el Código Penal, el aumento de las penas de cárcel aplicadas a los jóvenes –de 20 a 30 años para los pandilleros–, así como la legislación relativa a las drogas.
En concreto, se contemplan penas de entre 40 y 45 años para «creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas» de agrupaciones pandilleras y penas de entre 20 y 30 años a aquellos que promuevan, ayuden o favorezcan su agrupación, entre otras, según ha recogido ‘Prensa Gráfica’.
Un total de 2.163 «pandilleros» han sido detenidos este martes «con menos de 72 horas de régimen de excepción», confirmó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en su perfil oficial de Twitter, en el que dijo que las autoridades «seguirán» con la llamada «guerra contra las pandillas».
El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, resaltó en un breve comunicado su preocupación por la oleada de violencia en el país y expresó «su solidaridad con los salvadoreños en esta difícil coyuntura». Así, señaló que «confía en que las medidas que se adopten como respuesta estén en consonancia con el Derecho y las normas internacionales de Derechos Humanos».
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Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la ONG Human Rights Watch (HRW) han advertido de que el estado de excepción suspende una serie de derechos básicos, abriendo la puerta a los abusos.
La Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó el domingo la entrada en vigor del régimen de excepción en todo el país para combatir la ola de homicidios, que el sábado dejó más de 60 muertos. La ola de crímenes ha ido en ascenso desde principios de año y el mandatario ha prometido atajarla de raíz.
