Desde la aerolínea precisan que era una deuda pendiente con PDVSA, como proveedor de combustible
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MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
Los peritos del ‘caso Plus Ultra’ –los que redactaron el informe encargado por el juzgado y los que firmaron el solicitado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)– indicaron a la juez que investiga las presuntas irregularidades en la concesión de la ayuda pública a la aerolínea que parte de esa subvención se destinó a un pago realizado a Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los peritos del juzgado aseguraron que la compañía –apenas recibió la ayuda– procedió al pago íntegro de una deuda con la estatal venezolana y los peritos de Deloitte y DC Advisor explicaron que se trataba de un pago a un proveedor.
Desde Plus Ultra han confirmado a esta agencia que durante el careo celebrado ayer se abordó el pago relativo a la petrolera. Han precisado que el equipo de peritos que asesoró a la SEPI aclaró que «la deuda con PDVSA no se había podido pagar por motivo del embargo y las sanciones internacionales».
La empresa ha subrayado, además, que la petrolera venezolana es la proveedora de combustible de todas las compañías que operan en Caracas, no solo de Plus Ultra. Y ha añadido que este «problema» afecta a todas las aerolíneas que vuelan a Venezuela.
Ante esta actuación, los peritos independientes del juzgado indicaron que «lo habitual» en una empresa que necesita una ayuda pública es aplazar la deuda y hacer esperar a los proveedores.
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DIFIEREN SOBRE LA IDONEIDAD DE LA AYUDA
Durante el careo, estos cuestionaron que la compañía pudiera recibir la subvención de 53 millones de euros, mientras que los segundos defendieron la decisión de la SEPI de conceder la ayuda. Así, ambos equipos se ratificaron en los informes que aportaron al juzgado y que ya defendieron el pasado 18 de enero en un primer careo que tuvo que repetirse ayer a raíz de un fallo técnico.
En dos horas y media aproximadamente, los peritos respondieron a preguntas de la magistrada Esperanza Collazos, la Abogacía del Estado, la Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por Manos Limpias, PP y Vox.
Según las fuentes consultadas, los peritos independientes insistieron en que Plus Ultra se encontraba en «causa de disolución» al momento de recibir la ayuda aprobada por el Ejecutivo. En concreto, ratificaron el documento de 499 folios en el que explicaron que existían «dudas más que razonables» sobre cuál era la situación patrimonial de la compañía a fecha 31 de diciembre de 2019 y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de las condiciones esenciales para la concesión de la ayuda pública.
Por su parte, los peritos de Deloitte y Daiwa Corporate Advisor –firmantes del informe encargado por la SEPI en el marco del análisis del fondo de ayuda a la solvencia– mantuvieron sus conclusiones de que la empresa «no estaba en crisis». Y reiteraron su opinión favorable para otorgar la ayuda.
PLUS ULTRA PIDE EL ARCHIVO
La aerolínea emitió un comunicado ayer en el que consideró que la repetición del careo no aportó elemento alguno que pudiera llevar a dudar de «la situación de ‘empresa no en crisis’ de Plus Ultra Líneas Aéreas al cierre de 2019». La compañía insistió en el archivo del procedimiento y defendió que no hay elementos que demuestren que no se cumpliera por parte de la empresa con los requisitos de elegibilidad que exige la normativa para otorgar las ayudas a la solvencia a empresas estratégicas.
Vox, que ejerce de acusación popular en el procedimiento, ya adelantó que pedirá la comparecencia del representante legal de Plus Ultra antes de que la magistrada se pronuncie sobre la petición de archivo que hizo la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la propia aerolínea.
