La legislación introducida para frenar la propagación de la COVID-19 ha llevado a «castigos desproporcionados» contra los norcoreanos
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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
El relator de la ONU para la situación de los Derechos Humanos de Corea del Norte, Tomás Quintana, ha denunciado este lunes que el Gobierno norcoreano ha «fortalecido» su control sobre la población desde que comenzó la pandemia de COVID-19, como resultado de las medidas preventivas introducidas para frenar la propagación de la enfermedad.
«Las medidas draconianas han fortalecido aún más el control del Estado sobre la población, como la política de disparar contra individuos que intentan entrar o salir del país» sin permiso, ha ejemplificado Quintana ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Quintana ha aludido también a la existencia de «castigos extremadamente desproporcionados» contra los ciudadanos, entre los que figura la pena de muerte, por acceder a información «prohibida», particularmente contenido extranjero, también en el marco de la legislación aprobada en diciembre de 2020 para contener la pandemia.
«El control sobre la población se ha fortalecido, particularmente desde el principio de 2020 y en el contexto de las medidas preventivas de la COVID-19», ha aseverado, antes de mencionar otros aspectos, como el prolongado cierre de sus fronteras o la restricciones al libre movimiento, que han diezmado la actividad económica.
El relator ha mencionado también otros supuestos abusos contra el pueblo norcoreano. Así, ha hablado de detenciones arbitrarias, torturas, malos tratos, restricciones a la libertad de expresión, religión o pensamiento, el libre acceso a la información y la libertad de movimientos, además del trabajo forzado.
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A juicio de quintana, los campos para prisioneros políticos –conocidos como kwanliso– «representan el peor de los excesos» del control a la población en Corea del Norte, que teme ser detenida de forma arbitraria y ser maltratados en lugares remotos.
Además, ha resaltado que, en 2021, en líder norcoreano, Kim Jong Un, ya reconoció que el país se enfrentaba a una de las peores épocas de su historia, pero que, desde entonces, no se ha reformado el sistema de distribución para proporcionar alimentos adecuados y nutritivos para los ciudadanos más vulnerables.
Según los datos de Quintana, más de diez millones de personas –más del 40 por ciento de la población norcoreana– están en situación de inseguridad alimentaria y menos de tres de cada diez niños tienen una dieta mínimamente aceptable.
El relator de la ONU ya había expresado en el pasado preocupación por el «coercitivo sistema de gobernanza» norcoreano, que ha privado a los ciudadanos de sus libertades fundamentales. A pesar de que estaba presente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el representante de Corea del Norte ha declinado responder a las alegaciones de Quintana.
