Llama a un «reparto justo» entre Estados miembros de la acogida
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BRUSELAS, 2 (EUROPA PRESS)
La Comisión Europea ha pedido este miércoles a los gobiernos nacionales que concedan una protección automática de al menos un año a los desplazados llegados a suelo comunitario huyendo de la guerra en Ucrania, sean ciudadanos ucranianos o residentes de otras nacionalidades, por ejemplo refugiados de otros lugares como Siria o Afganistán pero instalados en este país.
También pide que se permita el paso a ciudadanos de otras nacionalidades sin residencia en Ucrania pero que se encontraban de manera temporal en el país, como pueda ser el caso de estudiantes o investigadores, aunque avisa de que no tendrán derecho a la protección automática y serán repatriados a su lugar de origen.
Más de 650.000 personas han escapado ya de Ucrania y la comisaria de Interior, Ylva Johansson, ha dicho estos días que la UE debe prepararse para la llegada de «millones» de desplazados si la guerra continúa.
Por ello, Bruselas ve esencial activar un mecanismo que asegure una protección «inmediata pero limitada» en el tiempo, según explican fuentes comunitarias, para dar tiempo a los Estados miembro a «gestionar en paralelo» las miles de peticiones de asilo que se esperan y que llevarán más tiempo examinar.
«Concederemos permiso de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda a las personas necesitadas», ha asegurado la comisaria de Interior, Ylva Johansson, quien además ha presentado este mismo miércoles directrices a las autoridades nacionales para flexibilizar los controles en frontera y agilizar el paso de quienes escapan de Ucrania.
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Bruselas anunció ya el pasado domingo que pediría a los Veintisiete activar la directiva de Protección Temporal creada tras la guerra de los Balcanes para aliviar la presión sobre los sistemas de asilo en caso de una crisis similar y ahora detalla las condiciones que propone para su uso tras la invasión de Ucrania por Rusia.
Está previsto que los ministros de Interior de la Unión Europea den su luz verde al mecanismo este jueves, en una reunión en Bruselas, dado que ya mostraron un amplio apoyo en un encuentro extraordinario el pasado domingo a una medida que no requiere unanimidad sino mayoría cualificada para ser adoptada.
La protección temporal estará un vigor a partir de su adopción este jueves por los Veintisiete y podrá prorrogarse de manera automática un año más (en dos periodos de seis meses) si la guerra continúa. El Ejecutivo comunitario podrá pedir su suspensión en cualquier momento si considera que la situación de crisis está superada, pero también podrá pedir un año más de aplicación hasta el máximo de tres años previsto.
«REPARTO JUSTO» DE LA ACOGIDA
En concreto, la protección inmediata se asegurará a los ciudadanos ucranianos y a los residentes en el país de otras nacionalidades, así como a los miembros de sus familias desplazados por el conflicto; ello incluye a los ciudadanos no ucranianos y apátridas que residan legalmente en Ucrania y que no puedan regresar a su país de origen. Los menores de edad no acompañados tendrán derecho a la tutela legal y al acceso a la educación y demás derechos previstos en el marco de la protección temporal.
La puesta en marcha de la protección temporal no interfiere en el derecho de los desplazados a solicitar protección internacional o asilo en la Unión Europea, aunque Bruselas abre la mano con este mecanismo a que los procesos se puedan dilatar más allá de los plazos habituales, conscientes de la «presión» que tendrá la llegada de miles de personas para los sistemas migratorios.
El Ejecutivo comunitario estima que a largo plazo entre «1,2 y 3,5 millones de personas» huidas de la guerra podrían solicitar asilo en alguno de los países de la Unión Europea, entre los que España, Alemania, Polonia, Italia y República Checa han sido destinos «tradicionales» de ucranianos tras conflictos anteriores como el de Crimea en 2014.
En todo caso, los servicios comunitarios plantean ya dentro de la protección inmediata la puesta en marcha de un mecanismo de «justo equilibrio» para velar por un reparto de la carga de la acogida ente Estados miembros y evitar que los que están en primera línea o se conviertan en destino final preferente se vean sobrepasados.
Para ello, Bruselas aboga por una «plataforma solidaria» en la que los gobiernos puedan intercambiar información sobre la capacidad de recepción de cada uno y del número de personas que disfrutan de la protección temporal llegados a su territorio, con el objetivo de identificar eventuales necesidades de apoyo.
No en vano los ciudadanos ucranianos tienen derecho a viajar como turistas a la Unión Europea sin necesidad de visado durante un periodo máximo de 90 días siempre que presenten un pasaporte biométrico, ya mayoritariamente integrado en la población. Esta circunstancia les da libertad de movimiento en toda la UE, lo que facilitará la «diáspora» de los desplazados hacia los países en donde tengan familia o amigos que puedan darles apoyo dentro de la UE.
En la crisis actual, además, la UE relajará el control en la frontera para permitir el paso y otorgar la protección temporal a quienes acrediten su situación aunque no dispongan de los documentos de viaje adecuados, por ejemplo si su pasaporte está caducado o no es aún biométrico. Tampoco se les impondrán las condiciones de aduana a los enseres personales que transporten, ni al dinero en efectivo o mascotas que lleven consigo.
