MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
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Una investigación sobre la corrupción estatal en Sudáfrica ha sacado a la luz que altos funcionarios del partido gobernante recibieron pagos ilícitos de la empresa de servicios Bosasa, por lo que el presidente del país africano, Cyril Ramaphosa, tendrá que hacer frente a estas acusaciones contra miembros de su gobierno.
«Miembros del ejecutivo nacional, funcionarios públicos y funcionarios de diversos órganos del Estado incidieron en la adjudicación de licitaciones en beneficio propio, de sus familias o de entidades en las que tenían un interés personal», ha señalado el presidente interino del Tribunal Supremo, Raymond Zondo, según informaciones de News24.
Zondo ha asegurado en un informe que hay «extensas pruebas de una amplia gama de beneficios» que Bosasa le dio a la exministra Nomvula Mokonyane y a su familia.
Los testigos han declarado ante el Tribunal Supremo que la empresa también dio dinero al ex presidente Jacob Zuma y pagó para mejorar la seguridad de la residencia del ministro de Asuntos Mineros y Energéticos, Gwede Mantashe, y de Nomvula Mokonyane, ex ministra del Agua y miembro del comité ejecutivo del Congreso Nacional Africano.
Mantashe ha dado explicaciones poco convincentes a Zondo sobre las mejoras de seguridad en sus tres casas, en Boksburg, en Cala y en Khowa, en el Cabo Oriental, ha recogido el diario sudafricano ‘Sowetan’.
«Bosasa, posteriormente rebautizada como African Global Operations, pagó los sobornos para conseguir lucrativos contratos estatales», ha explicado Zondo.
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Gran parte de los testimonios sobre Bosasa han sido contados a Zondo por Angelo Agrizzi, su director de operaciones, quien ha relatado cómo se entregaban montones de dinero en efectivo a altos funcionarios, incluido el expresidente Jacob Zuma, a cambio de licitaciones y protección contra la acción judicial.
Gavin Watson, que era el director general de la empresa y que murió en un accidente de coche en 2020, orquestó la mayoría de los tratos ilícitos, según Agrizzi, que dimitió de su puesto en Bosasa en 2016.
«Agrizzi, junto con otros testigos, demostró que Bosasa estableció una red razonablemente bien organizada de personas bien ubicadas y bien conectadas y poderosas cuya lealtad se aseguraba con incentivos financieros, otros materiales y sobornos», ha zanjado Zondo.
En julio estallaron protestas en el país cuando Zuma ingresó en prisión después de que el Tribunal Constitucional le condenara a 15 meses de cárcel por negarse a testificar ante un panel de jueces que investiga los presuntos casos de corrupción en los que estuvo implicado durante sus nueve años de mandato.
Zuma se convirtió así en el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) –partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente, Ramaphosa– se hizo con el poder en 1994.
La caída de Zuma tuvo lugar en medio de la indignación popular por el peso de la familia Gupta, de origen indio, en la economía y la política del país africano, acusaciones que fueron recogidas en un informe de la ex Defensora Pública sudafricana –figura equivalente al Defensor del Pueblo– Thuli Madonsela titulado ‘La captura del Estado’.
