También se muestran contrarios a que se pueda abortar desde los 16 años
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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha defendido que la objeción de conciencia del personal sanitario «es un derecho individual» que debe ser garantizado, por lo que «deben de ser las administraciones quienes garanticen esta prestación de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud».
Así se han pronunciado los médicos ante los cambios anunciados por la ministra de Igualdad, Irene Montero, para la reforma de la Ley de salud sexual, que recogen la intención de que en los servicios de ginecología y obstetricia de los centros públicos se garantice esta práctica.
Para ello, según ha indicado Montero, se respetará «escrupulosamente» el «derecho constitucional» a la objeción de conciencia», pero haciéndolo «escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos».
La corporación médica destaca que la objeción de conciencia del personal sanitario «es un derecho individual al que puede acogerse quien considere que una práctica o procedimiento va en contra de sus convicciones y creencias».
«La garantía de que una prestación del Sistema Nacional de Salud esté disponible y sea accesible trasciende el ámbito individual, se articula a través de las redes sanitarias y tiene como protagonistas a los gestores, más que a los médicos», insisten desde el CGCOM.
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Al respecto, recuerdan que el profesional médico que participa en el proceso de interrupción voluntaria del embarazo «está amparado por las Leyes del Estado y no podrá ser sancionado deontológicamente, salvo que incumpla cualquiera de las condiciones establecidas o realice de forma errónea e incompetente el procedimiento».
La corporación insiste en la importancia de que la futura ley tenga como «pilar fundamental» la formación, información y promoción de la Salud Sexual. Para ello, el Consejo General de Médicos se pone a disposición del Ministerio de Igualdad para «potenciar, mejorar y optimizar las buenas prácticas en este ámbito, así como participar en todas aquellas iniciativas enfocadas a mejorar la asistencia sanitaria a las mujeres, desde el conocimiento científico, el compromiso ético y deontológico y la experiencia profesional».
EN CONTRA DE PODER ABORTAR A LOS 16 AÑOS
Por otra parte, Montero mostró su intención de que «las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan acceder» al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) «de forma autónoma». «Del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos», declaró.
Al hilo, el CGCOM sostiene también que el acceso a esta práctica a partir de los 16 años de forma «autónoma» ya está contemplado y regulado en la Ley 41/2002, de autonomía del paciente. «Sin embargo, manifestamos la necesidad de establecer legalmente la mayoría de edad específicamente sanitaria, tal y como recogen otros países de la Unión Europea», reclaman.
CRÍTICAS AL CONCEPTO DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA DE LA NUEVA LEY
Por otra parte, el CGCOM ha reiterado que el concepto de violencia obstétrica que recoge este proyecto normativo «no se ajusta a la realidad de la asistencia al embarazo, parto y posparto en nuestro país, criminaliza las actuaciones de profesionales que trabajan bajo los principios del rigor científico y la ética médica y genera un vínculo semántico con la violencia de género, una verdadera lacra social». Por este motivo, el CGCOM solicita que se excluya este término del futuro texto de la reforma de la Ley de Salud Sexual.
La profesión médica pide «prudencia y no crear alarmas sociales innecesarias que pueden contribuir a deteriorar la necesaria confianza entre el médico y su paciente; rigor para denominar las prácticas profesionales y respeto para los especialistas que trabajan con entrega, servicio, humanidad y ética».
