MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
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La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se suma a la Federación Internacional de Periodistas (FIP), a la que pertenece, y a su filial en México, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, para exigir que la investigación por el asesinato de la periodista Michell Pérez Tadeo «no descarte ninguna hipótesis y contemple su actividad como reportera como motivación para su crimen».
Según ha informado este jueves la FAPE, las tres organizaciones instan, además, a la «urgente» aplicación del Protocolo de Investigación de Crímenes contra la Libertad de Expresión, como ya se ha hecho con el protocolo para casos de feminicidios, ya que «en este asesinato se conjuga la violencia patriarcal con la estructural que padecen los comunicadores en el país centroamericano».
En este sentido, las tres entidades consideran que «solo con una investigación integral se puede hallar justicia para Michell Pérez Tadeo y de esa manera evitar que su crimen engrose las cifras de impunidad que azotan a México».
La FAPE ha recordado en un comunicado que la familia de la periodista asesinada había denunciado su desaparición el pasado viernes, 18 de febrero, y que su cuerpo fue hallado al borde un camino este martes, 22 de febrero, al sur de la Ciudad de México. Era madre de un hijo.
Con este caso, el número de trabajadores de prensa asesinados en México en lo que va del 2022 asciende a seis, cantidad a la que se suma el crimen de un extrabajador de los medios.
El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa se ha referido a lo sucedido en un comunicado exigiendo a las autoridades de la Ciudad de México «el pronto esclarecimiento de este hecho y el castigo de los autores intelectuales y materiales del crimen».
«En lo que va del 2022, en México han sido asesinados, además de la periodista Michell Pérez, seis trabajadores de los medios de comunicación más, lo que convierte a nuestro país en la nación más peligrosa en el mundo para el desempeño de la actividad periodística», ha subrayado el sindicato. La impunidad para estos casos alcanza el 95%, añaden.
