Las autoridades en lugar de perseguir a los responsables de las razias contra los musulmanes han procesado a activistas pacíficos
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MADRID, 21 (EUROPA PRESS)
La organización de defensa de los Derechos Humanos Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que las autoridades indias están procesando «injustamente» a activistas y convocantes de protestas al amparo de la Ley de Actividades Ilegales, la ley antiterrorista india.
Las detenciones están relacionadas con la ola de violencia de hace dos años en la que murieron 53 personas durante las protestas contra la Ley de Ciudadanía. La iniciativa fue contestada de forma multitudinaria en protestas pacíficas, pero en lugar de perseguir a quienes acosaron atacaron los comercios y viviendas de musulmanes, se está encausando a activistas pacíficos y convocantes de las movilizaciones.
Por ello, HRW insta a Nueva Delhi a retirar «de inmediato» los cargos basados en motivos políticos y poner en libertad 18 activistas y otras personas detenidas en casos judiciales similares.
Los responsables de los abusos deben ser procesados adecuadamente, incluidos los partidarios del gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) que instigaron la violencia y los agentes de policía que no aplicaron la ley de forma imparcial, apunta la organización.
«Las autoridades indias han estado persiguiendo a los activistas para acosarlos y detenerlos, en lugar de investigar imparcialmente las acusaciones de que los líderes del BJP incitaron a la violencia y los funcionarios de policía fueron cómplices de los ataques», ha apuntado la directora para Asia Meridional de Human Rights Watch, Meenakshi Ganguly.
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«Las autoridades deben procesar a los responsables de la violencia y dejar de utilizar estas investigaciones para silenciar a los críticos del gobierno», ha añadido.
PROTESTAS CONTRA UNA LEY «DISCRIMINATORIA»
La aprobación por parte del gobierno de la Ley de Enmienda de la Ciudadanía (CAA) en diciembre de 2019, considerada «discriminatoria» por HRW, provocó semanas de protestas pacíficas en toda India. La ley de ciudadanía agiliza las solicitudes de asilo de los inmigrantes irregulares no musulmanes procedentes de los países vecinos de mayoría musulmana de Afganistán, Bangladesh y Pakistán.
Junto con la iniciativa del Gobierno para un proceso de verificación de la ciudadanía en todo el país a través de un Registro Nacional de Población y una propuesta de Registro Nacional de Ciudadanos, destinado a identificar a los «inmigrantes ilegales», ha aumentado el temor a que millones de musulmanes indios puedan ser despojados de sus derechos de ciudadanía y privados de sus derechos.
Varios altos dirigentes del BJP se burlaron de los manifestantes y algunos llamaron abiertamente a la violencia contra ellos. El 23 de febrero de 2020, después de que un dirigente local del BJP, Kapil Mishra, llamara a dispersar por la fuerza a los manifestantes, muchos de ellos musulmanes, los partidarios del BJP se reunieron en la zona, lo que provocó enfrentamientos entre los grupos.
Turbas hindúes, armadas con espadas, palos y botellas llenas de gasolina atacaron a los musulmanes en varios barrios del noreste de Delhi, quemando sus casas, tiendas, mezquitas y propiedades. Cuarenta de las 53 personas muertas en la violencia eran musulmanas y entre ellos se cuenta a un policía y a un funcionario del gobierno, ambos hindúes.
«Las investigaciones policiales sobre los disturbios se han caracterizado por la parcialidad, los retrasos, la inexactitud, la falta de pruebas adecuadas y la inobservancia de los procedimientos pertinentes», según HRW.
La policía de Delhi presentó 758 primeros informes –necesarios para iniciar investigaciones penales– sobre los disturbios, pero dos años después, según un informe presentado por la policía ante el Tribunal Superior de Delhi, las investigaciones están pendientes en más de la mitad de los casos.
Sólo 92 casos han llegado a juicio. En varios casos, los jueces han denunciado a la Policía de Delhi por retrasos en las investigaciones, por no atender las órdenes judiciales o por no comparecer ante el tribunal. Además, en otros casos los jueces han dicho que las investigaciones policiales sobre los disturbios fueron «chapuceras», «insensibles» o «farsantes».
FALLOS EN LA INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA
En septiembre de 2021, un tribunal de Delhi absolvió a tres hombres musulmanes acusados de saquear y cometer actos de vandalismo en una tienda propiedad de un hombre hindú, alegando que las autoridades encargadas de la investigación no habían llevado a cabo una investigación adecuada.
El juez Vinod Yadav calificó la investigación de insensible e indolente y apuntó que lo mismo se podría decir en muchos otros casos relacionados con los disturbios. «Están consumiendo mucho tiempo de este Tribunal por casos como el presente, en el que apenas hay investigación por parte de la Policía», afirmó. Un mes más tarde, el juez Yadav fue trasladado por razones no comunicadas.
La Comisión de Minorías de Delhi, de carácter independiente, llevó a cabo una investigación que concluyó que la violencia fue «planificada y dirigida» y que algunos policías participaron activamente en los ataques a los musulmanes.
En un vídeo que se convirtió en el emblema de la parcialidad antimusulmana de la policía durante los disturbios, se ve a varios policías obligando a cinco hombres musulmanes gravemente heridos y tendidos en la calle a cantar el himno nacional indio para «demostrar su patriotismo». A continuación, la policía los detuvo. Uno de los hombres, Faizán, de 23 años, murió de sus heridas dos días después.
Dos años después, la investigación sigue pendiente y los policías responsables de la violencia bajo custodia no han sido procesados ni castigados.
En cambio, la Policía de Delhi ha presentado cargos por motivos políticos contra 18 activistas, estudiantes, políticos de la oposición y ciudadanos de a pie, 16 de ellos musulmanes.
Los casos de la policía se basan en gran medida en declaraciones de divulgación que son sospechosamente similares y en chats de WhatsApp y mensajes en las redes sociales sobre la organización y el anuncio de protestas pacíficas. La policía ha presentado esto como prueba de complicidad en una conspiración más amplia para difamar al Gobierno indio iniciada por los organizadores de las protestas contra la Ley de Ciudadanía.
Las autoridades han presentado cargos en virtud de la draconiana Ley de (Prevención de) Actividades Ilegales, relacionados con actividades ilícitas, financiación del terrorismo y planificación y comisión de actos terroristas.
También han acusado a los organizadores y activistas de las protestas de sedición, asesinato, intento de asesinato, fomento de la enemistad religiosa y daños a la propiedad pública, entre otros delitos.
Todos los acusados han sido críticos con el gobierno del BJP y la ley de ciudadanía. Entre ellos se encuentran miembros de Pinjra Tod, un colectivo autónomo de mujeres estudiantes; United Against Hate, un grupo que trabaja para proteger a las minorías religiosas; y el Comité de Coordinación Jamia, que lideró la protesta estudiantil en la Universidad Jamia Millia Islamia.
