MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
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El presidente de Pakistán, Arif Alvi, ha promulgado este domingo un paquete de leyes para controlar el contenido en las redes sociales, que aumentan la pena de cárcel por delito de difamación, entre otros aspectos, y que activistas y líderes de oposición tachan directamente de «draconianas».
La nueva legislación actualiza la llamada Ley de Prevención de Delitos Electrónicos de 2016 (PECA) y, además de aumentar de tres a cinco años la pena de prisión por difamación de cualquier persona o institución, eliminan la posibilidad del depósito de una fianza. Los difamados no tendrán por qué presentar ellos mismos su caso, sino que cualquier persona podrá actuar como parte.
Asimismo, y en una medida directamente dirigida a los medios de comunicación, amplía la definición de «persona sospechosa» de difamación a «cualquier empresa, asociación o grupo de personas, ya sea constituida o no», frente a cualquier «institución, organización, autoridad o cualquier otro organismo establecido por el Gobierno», incluido el influyente Ejército del país.
La nueva ordenanza también acelera los procesos judiciales en estos casos y da a los tribunales un plazo de seis meses «después de tomar conocimiento del caso» para concluir los procedimientos, según recoge el diario paquistaní ‘Dawn’.
El ministro de Justicia, Farogh Nasim, ha confirmado que estas nuevas leyes van específicamente dirigidas contra la «difusión de noticias falsas, por mucho que los medios sean libres para criticar lo que quieran», en referencia particular a informaciones sobre un posible divorcio del primer ministro del país, Imran Jan.
«Están diciendo que la primera dama tuvo una pelea (con su marido) que la llevó a abandonar su hogar. ¿Cómo se pueden difundir historias tan incorrectas?», se preguntó el ministro.
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En respuesta, la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán (HRCP) ha criticado una legislación que describe como «antidemocrática» y que ha sido concebida para ser usada «inevitablemente» con la intención de «reprimir a los disidentes y críticos del gobierno y las instituciones estatales».
La oposición también ha denunciado que esta ordenanza presidencial tiene un «alcance tan amplio como draconiano», en palabras de la senadora Sherry Rehman, del opositor Partido Popular de Pakistán.
La PECA ha sido modificada varias veces desde 2016. Sin ir más lejos, el año pasado el Gobierno cambió la normativa para permitir que las autoridades accedan a los datos de los usuarios.
La censura ha aumentado en Pakistán desde que el gobierno respaldado por militares de Jan asumió el poder tras las controvertidas elecciones de 2018.
