MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
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Fiscales federales estadounidenses han imputado a un ciudadano norteamericano por torturar durante más de un mes a un trabajador kurdo en 2015, en lo que se trata de la segunda ocasión que un nacional es acusado en virtud del estatuto sobre Torturas en Territorio Internacional que entró en vigor en 1994.
El individuo ha sido identificado como Ross Roggio, de 53 años de edad y natural de Pensilvania, responsable por aquel entonces de un proyecto de construcción y fabricación de armas en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí.
Roggio está acusado de orquestar semanas de torturas contra un trabajador que había expresado su preocupación por el aspecto armamentístico del proyecto, de acuerdo con el pliego de cargos recogido en la página web del Departamento de Justicia de EEUU.
La Fiscalía recuerda que la compañía de Roggio, Roggio Consulting Company LLC, fue imputada en 2018 por exportar ilegalmente partes de armas de fuego desde Estados Unidos a Irak, bajo más de una treintena de cargos adicionales.
Roggio dirigió el secuestro del empleado, al que trasladó a recinto militar kurdo durante aproximadamente 39 días, durante los cuales Roggio condujo múltiples sesiones de interrogatorio y torturas. Ordenó a los soldados kurdos que asfixiaran a la víctima con una bolsa, aplicaran electricidad en su ingle, golpeó a la víctima con puños y mangueras de goma, saltó violentamente sobre el pecho de la víctima mientras usaba botas militares y amenazó con cortarle uno de los dedos.
La acusación formal también alega que, al menos en una ocasión, Roggio envolvió su cinturón alrededor del cuello de la víctima, la levantó del suelo y la suspendió en el aire, lo que provocó que la perdiera el conocimiento.
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«El gran jurado acusa al defendido de dirigir y participar en la tortura sistemática de un empleado durante 39 días a manos de militares kurdos en Irak», zanja la declaración del fiscal federal de Pensilvania, John Gurganus.
Si es declarado culpable, Roggio enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión, así como una pena legal total máxima de 705 años de prisión por los 37 cargos restantes, según el departamento.
«Estos cargos demuestran que el Departamento de Justicia responsabilizará a los ciudadanos estadounidenses que cometen actos horrendos de violencia», ha señalado el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr., de la División Criminal del Departamento de Justicia. «La División Criminal está comprometida a llevar ante la justicia a los violadores de Derechos Humanos», ha añadido.
