MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
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Más de 35.000 personas han escapado durante las últimas dos semanas de la última ola de violencia de grupos armados y enfrentamientos intercomunitarios en las provincias congoleñas de Ituri y Kivu Sur, uno de los grandes epicentros de la violencia en África.
Ambas provincias, que están bajo estado de excepción, son un auténtico hervidero donde actúan milicias como la Cooperativa para el Desarrollo de Congo (CODECO), las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) o las Fuerzas Patrióticas Integracionistas del Congo (CLPI) y son comunes los enfrentamientos entre pastores hema y campesinos lendu.
La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), denuncia al menos «ocho grandes ataques» en el territorio de Djugu, provincia de Ituri, durante los primeros diez días de este mes, el último de ellos a primera hora del pasado martes, cuando grupos milicianos masacraron a machetazos a 17 personas en la localidad de Lando, entre ellos ocho niños. Las milicias, además, quemaron vivos a una madre y a sus dos hijos.
Un ataque «particularmente letal», según ha denunciado este viernes el portavoz de ACNUR, Boris Cheshirkov, ocurrió el 1 de febrero también en Djugu. Allí, 62 personas fueron masacradas y 47 resultaron heridas en otro ataque miliciano.
Toda esta violencia ha provocado que 25.000 personas hayan abandonado sus hogares en Ituri en busca de refugio, la mayoría en dirección a la ciudad de Bule, donde ACNUR y su socio, Caritas, están proporcionando ayuda de emergencia.
La misma inestabilidad ocurre en Kivu Norte, en particular en localidades como Beni, debido a la «constante brutalidad» de las incursiones de las milicias. Por ejemplo, el portavoz de ACNUR denunció que siete desplazados habían sido flagelados por los milicianos al haber sido incapaces de pagar el «impuesto» de tránsito que les exigían a su paso por el territorio de Masisi.
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Asimismo, ACNUR denuncia que otras 10.000 personas han escapado de Kivu Sur desde principios de febrero, también por la violencia desencadenada en la zona. Todo ello para sumar, a nivel nacional, un millón de nuevos desplazados cada año desde 2016, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), para un total de 5,6 millones de desplazados internos en el país a finales de 2021.
Por ello, ACNUR hace un llamamiento a todas las partes involucradas para que «detengan de inmediato» la violencia contra los civiles, incluidas las poblaciones desplazadas, muchas de las cuales se han visto obligadas a huir varias veces.
«Los constantes desplazamientos a gran escala están abrumando los recursos de los asentamientos donde llega la gente en busca de seguridad», ha lamentado al portavoz, antes de criticar la «constante falta de financiación» internacional para una región «desesperadamente necesaria de una asistencia» estimada en unos 200 millones de euros para atender las necesidades más urgentes de los desplazados.