Las redes sociales fueron un importante aliado en las protestas y movilizaciones del pueblo cubano contra el régimen que encabeza Miguel Díaz-Canel, el pasado 11 de julio.
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A raíz de esos acontecimientos que le dieron la vuelta al mundo, en los que gran parte de los ciudadanos de la isla reclamaban un alto a la represión y mejores condiciones de vida, el gobierno publicó un marco legal para la criminalización de las personas que postean o comparten información en la web que el gobierno puede considerar como crítica.
Cuba califica de «ciberterrorismo» uso de redes sociales para oponerse al gobierno
Se trata de la resolución 105 del Ministerio de las Comunicaciones que clasifica como “ciberterrorismo” el uso de las redes sociales y las telecomunicaciones, en general, para oponerse al gobierno, lo que es llamado como “subvertir el orden constitucional”.
“Pretender alterar el orden público” y “promover la indisciplina social” son considerados intentos de subversión social con un nivel de peligrosidad “muy alto”, sostiene la nueva norma.
La difusión de contenidos “que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado” o “inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”, es considerado un incidente de “alta peligrosidad”, al igual que divulgar noticias falsas, mensajes ofensivos y de “difamación con impacto en el prestigio del país”.
Mientras que, en otro decreto, el número 35, se establece que los usuarios de cualquier servicio de telecomunicaciones en la isla, dentro del que se encuentra el internet, no deben usarlos “para atentar contra la Seguridad y el Orden Interior del país, transmitir informes o noticias falsas”, como medio para cometer actos ilícitos; o para transmitir información “ofensiva” o que afecte “la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad pública y el respeto al orden público”.
Con lagunas
Lo peor del asunto es que las definiciones son tan amplias y tienen tantas lagunas, que brindan libertad al gobierno cubano para definir qué puede considerarse un delito.
Además, aunque en los escritos se sostiene que estas acciones conllevan a una responsabilidad “jurídica y penal”, no contienen más detalles sobre cómo serán castigados los que se encuentren culpables.
Los nuevos decretos anunciados un mes después de las protestas que se dieron en las calles de La Habana y otras ciudades, también parecen ser una respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a favor de promover el acceso de los cubanos al internet sin censura.
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En el decreto 35 se lee que todos los proveedores de internet, telefonías y otros servicios de telecomunicaciones en la isla tienen que garantizar que sus dispositivos y aquellos que pretendan importar “proporcionen las facilidades requeridas para la supervisión y control técnico, así como la interceptación legal de las comunicaciones por las autoridades competentes, de acuerdo con lo establecido por ley, y el empleo soberano de medios y métodos para la seguridad de los sistemas y servicios”.
Protestan en redes
Luego de la publicación de las nuevas normas, los usuarios cubanos volvieron a protestar en las redes sociales. Bajo el hashtag #NoAlDecretoLey35, varios internautas mostraron su descontento.
Algunos cuestionaron quién determinara qué es una noticia falsa, otros más preguntaron en qué momento se convirtió La Habana en Pyongyang, mientras que otros sostuvieron que ya no callarán más.
