La familia Kowalski, protagonista del famoso documental de Netflix ‘Cuiden a Maya’, recibirá millones de dólares en daños y perjuicios en una demanda presentada contra el hospital que mantuvo a su hija injustamente alejada de sus familiares después de que la institución fuera declarada responsable de múltiples cargos de abuso.
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La víctima, Maya, junto con su familia demandaron al Johns Hopkins All Children’s Hospital y al Departamento de Niños y Familias de Florida por más de USD 200 millones cuando su madre se suicidó después de que los médicos del hospital la acusaran del síndrome de ‘Munchausen by proxy’.
El pasado jueves, los jurados determinaron que el hospital fue responsable de todos los cargos, incluidos los de retención ilegal, agresión e infligir angustia emocional de manera intencional tanto a Maya como a su madre, Beata Kowalski.
Recibirán una indemnización de más de 200 millones de dólares
Al momento de escuchar los veredictos, Maya y los miembros de su familia lloraron desconsolados en la sala del tribunal. El jurado les concedió una indemnización de más de USD 200 millones y posteriormente concedió a la familia otros USD 50 millones en concepto de daños punitivos.
Cuando Maya tenía nueve años asistió al centro médico y entonces fue separada de su familia y a su madre se le negó el acceso a su hija durante 87 días mientras la investigaban por supuesto abuso infantil. El caso terminó en tragedia cuando Beata se quitó la vida.
Tras el veredicto, Howard Hunter, abogado defensor de Hill Ward Henderson que representó al Johns Hopkins All Children’s Hospital en este caso, declaró que tenían la intención de presentar una apelación “basada en errores claros y perjudiciales en todo el juicio y la conducta deliberada del abogado del demandante que engañó al jurado”.
“La evidencia demostró claramente que Johns Hopkins All Children’s Hospital siguió la ley de denuncia obligatoria de Florida al reportar sospechas de abuso infantil. Y cuando el tribunal de distrito confirmó las sospechas, cumplió plenamente con el DCF (Departamento de Niños y Familias) y órdenes judiciales”, formuló Hunter en un comunicado.
“Estamos decididos a defender la obligación de vital importancia de los denunciantes obligados por la ley a reportar sospechas de abuso infantil y proteger a los más pequeños y vulnerables entre nosotros”.
