Aunque la imponente prisión se presentó como toda un innovación, El Salvador sigue en el ojo del huracán ante una constante alerta por violación de derechos humanos. Ahora, de acuerdo con un reporte este pasado lunes, organizaciones humanitarias de El Salvador registraron hasta mediados de marzo al menos 5.082 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias, en el contexto de un régimen de excepción que se implementa en el país para “combatir” a las pandillas.
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El pasado 27 de maro, El Salvador cumplió un año desde que implementó la suspensión de garantías constitucionales, como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones, con más de 66.417 detenciones.
En el reciente reporte, realizado por siete organizaciones, las mismas establecieron que han recibido un total de 4.723 casos de denuncias de violaciones de derechos humanos, que afectan a 5.082 personas.
“La población afectada se encuentra conformada en su mayoría por personas adultas y jóvenes, constituyendo el 93% del total de víctimas”, mientras que “el 2% del total corresponde al grupo en condiciones de vulnerabilidad de niñez y adolescencia”, dijo en una conferencia de prensa Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca).
Santos también apuntó que el 83,55 % de las víctimas corresponden al género masculino y el 14,62 % al femenino y añadió que han atendido 44 casos de personas de la comunidad LGBT+.
Por su parte, Alejandra Burgos, de la Red de Defensoras, subrayó que “el hecho violatorio que ha caracterizado al estado de excepción ha sido la detención arbitraria”.
Indicó que se trata del 95% de “las denuncias documentadas por las organizaciones” para 4.723 víctimas de detenciones arbitrarias, según las denuncias. “Este hecho vulnerador no puede verse aislado, pues en gran medida, las denuncias reflejan que ha estado acompañado de otras violaciones a derechos humanos”, entre estas, allanamientos sin orden judicial, amenazas, acoso policial y tortura, sostuvo la defensora de derechos.
El informe apunta como principales “responsables” de los atropellos a la Policía Nacional Civil (PNC) con un 74% de los casos, en el 16% de las denuncias aparecen en conjunto PNC y la Fuerza Armada, mientras que las denuncias que solo incluyen a militares son el 6%.
