De manera quizás inesperada para muchos, la semana pasada saltó a la palestra pública la toma Nuevo Amanecer de la comuna de Cerrillos, la más grande de la Región Metropolitana y en la que hoy viven nada menos que 14 mil personas en 40 hectáreas al costado de la Ruta 78, se calcula que el 80% de ellos extranjeros (venezolanos, haitianos, dominicanos, peruanos y bolivianos), la mayoría en situación migratoria irregular.
PUBLICIDAD
La alcaldesa subrogante de esa comuna del poniente capitalino, Verónica Montecinos, señaló que en tal lugar había un cementerio clandestino, lo que dijo luego de que a un costado del asentamiento irregular fuera encontrado el cadáver de un hombre adulto envuelto en frazadas y nylon.
“No es un supuesto. Hay mucha gente que está ahí asesinada y enterrada”, señaló la autoridad, lo que llevó al Ministerio Público a designar el miércoles 6 de marzo al fiscal Marcos Pastén para que iniciara una investigación de oficio por la “alarma pública” generada, aunque se admitió que hasta ese día no había denuncias al respecto.
Pero pronto la alcaldesa titular de Cerrillos, Lorena Facuse, desmintió a su reemplazante, matizando la versión original sobre el supuesto cementerio, que causó revuelo en los medios de comunicación y en la ciudadanía.
“No tengo la seguridad de que en el campamento existan cuerpos. Tenemos algunos relatos de vecinos y vecinas que nos lo han dicho de manera permanente… Y si los resultados (de la investigación de la Fiscalía) arrojan algo distinto, eso nos permitiría marcar una ruta de trabajo junto a las policías y al Estado en un lugar que por ahora porque se escapó de las manos”.
“Necesitamos ahí presencia policial por la inseguridad. Y además podría ocurrir una catástrofe como los incendios en la Región de Valparaíso, porque los Bomberos no pueden entrar”, añadió la independiente Lorena Facuse, quien encabeza su comuna desde junio de 2021.
Casi un año antes de que ella se convirtiera en alcaldesa, en julio de 2020, comenzó la toma que dio vida al hoy hiperpoblabado asentamiento ubicado donde antes estaba el Vertedero Lo Errázuriz.
La gente empezó a llegar a ese terreno a los pocos meses de inicio de la pandemia de coronavirus, apremiada por la necesidad.
Y lo que comenzó como otro campamento irregular fue creciendo sin parar, al punto de que en 2021 ya moraban ahí diez mil personas. Ahora se estima que ya hay ahí tres mil familias y cuatro mil personas más que hace tres años.
La alcaldesa Lorena Facuse tuvo duras palabras hacia los propietarios de los terrenos, con los que ya no tiene contacto.
“Algunos de los dueños son grandes empresas, como Copec, Goodyear y Transportes Burrows. Y también hay otros privados más pequeños. Todos ellos han estado permanentemente ausentes y nunca se han hecho parte de la solución, mirando para el lado hasta ahora. Cuando asumí la alcaldía en 2021 me reuní con ellos para instalar una mesa de trabajo, y sólo asistieron a la primera cita”.
“Pero se han juntado con dirigentes de la toma, no sé para qué… Quizás esperan que el terreno suba de valor y que el Estado se les compre, pero la verdad es que ese no es un sitio apto, seguro ni digno para vivir. Su responsabilidad es grande en esto, pues cuando empezó la toma debieron tomar acciones para evitar que se masificara, y no lo hicieron”.
DURA REALIDAD
El gobernador de Región Metropolitana, Claudio Orrego, ha ido varias veces a la toma Nuevo Amanecer. Y su diagnóstico de lo que pasa ahí es desolador.
“Esa toma hoy está fuera de control y puede convertirse en una situación explosiva. Debido a ello se requiere de un plan policial para frenar su crecimiento y restablecer en parte el orden, de un censo interno y de la identificación de quiénes tienen libreta de ahorro para la vivienda y quiénes no quieren salir de ahí. Esta es la nueva cara de la migración ilegal”, dijo Claudio Orrego la semana anterior en el matinal de Mega.
Y añadió que “me encontré ahí con situaciones que no son comunes en otras tomas. Hay gente que construyó con material sólido y hasta tienen casas de dos pisos. Nadie hace eso si su intención es irse a otro lado de forma definitiva. Vi fábricas de ladrillos y hasta un matadero, lo que es ilegal. También hay discoteques, que obviamente funcionan sin permiso y donde muchas veces hay venta ilegal de alcohol, consumo de drogas y ruidos molestos. Además, autos de alta gama entran los fines de semana a la toma para comprar droga. Y camionetas de servicios de telecomunicaciones han instalado sus antenas como si nada”.
Y el teniente de Carabineros Daniel Medina, de Comunicaciones de la policía uniformada, contó que “este año van 14 detenidos en ese lugar por delitos de droga y hurto. Ahí también se dan mucho la violencia intrafamiliar y varias incivilidades, como los ruidos molestos por la música alta…. Pero tenemos muchos problemas para ingresar con vehículos y motos, porque la mayoría de las calles son muy estrechas. Es un sector con características delictuales”.
Sobre la posibilidad de que en la toma Nueva Esperanza haya un cementerio clandestino, el teniente Daniel Medina ratificó que al menos hasta mediados de la semana pasada “Carabineros no tenía denuncias formales al respecto, y cuando se fue a buscar información no fue posible levantarla”.
“ESE CAMPAMENTO SE ESCAPÓ DE CONTROL”
El diputado republicano Agustín Romero representa a la comuna de Cerrillos, y sostuvo con claridad que el campamento Nuevo Amanecer “se escapó de control, y más allá de una intervención municipal o regional hoy ahí se requiere definitivamente de una potente intervención estatal mucho más profunda. Y las autoridades deben asumir que están en un grave problema para darle prioridad. Esa es una de las tomas más grandes del país, y más allá de un posible desalojo judicial, se requiere de la acción decidida del Gobierno”.
Sobre lo que se debería hacer en ese sitio, el parlamentario señaló que “estamos viendo que en esa toma hay cerca de 14 mil personas. Sería interesante y útil que el Gobierno partiera primero por catastrar a quienes viven ahí y luego empezar a separar a algunos grupos. También quizá habrá que incorporar fondos en el próximo presupuesto para abordar este tema específico con una partida para expulsiones, y ahora habría que reasignar dineros”.
Y sobre lo que se ha hecho hasta ahora en ese campamento, Agustín Romero precisó que “para cualquier vecino es inaceptable que el Gobierno permanezca impávido frente a una toma ubicada sobre un relleno sanitario, y que por lo tanto es peligroso para la salud y la vida de quienes habitan allí”.
UN GRAVE PROBLEMA
Hace justo un año se calculaba que 114 mil familias vivían en campamentos, situación que se vio acrecentada debido a la pandemia de coronavirus.
Esa cifra era un 39,5% mayor que en 2021, y superior a los 104 mil familias de 1996.
“El aumento de los hogares en campamentos es una forma más de la exclusión habitacional que se vive en el país dado el aumento de costo de la vivienda”, señaló en la ocasión Pía Palacios, directora del Centro de Estudios de Techo-Chile.
Tal información emanó del Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de la organización Techo-Chile, reporte, que se realiza cada dos años y que registró una nueva alza de familias que vivían en asentamientos informales.
[ Aumentan a cerca de 114 mil las familias que viven en campamentosOpens in new window ]
Sobre este grave problema, el arquitecto y urbanista, Iván Poduje dijo que “esta nueva oleada de campamentos comenzó con el estallido social, cuando en Chile había 45 mil familias en esos asentamientos, y siguió con la pandemia”.
Se estima que en la actualidad hay casi mil 300 campamentos distribuidos en todo el país, un 33,1% más que en 2020-2021.
Según el especialista, “el 60% de los habitantes de esta nueva oleada son inmigrantes, y el Estado de Chile no tiene capacidad para erradicar los grandes campamentos que existen”.