En diciembre último estalló la polémica respecto a la pertinencia en el otorgamiento de pensiones de gracia por parte del Gobierno a algunas víctimas de la represión durante el estallido social, como sucedió con el caso de Andrés Fuica, quien fue sorprendido robando especies de un supermercado en Viña del Mar en octubre de 2019.
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Los cuestionamientos abundaron respecto de la existencia de antecedentes delictuales en algunos de los beneficiados, así como una falta de rigurosidad en la acreditación de lesiones o apremios sufridos durante el estallido.
Tras varias precisiones y un estudio de los casos, por ahora en curso, se determinó que se mantendrán de manera inamovible los beneficios para quienes sufrieron un “daño permanente”, según instrucciones públicas por parte del Presidente Gabriel Boric.
Y ayer, la ministra del Interior, Carolina Tohá, explicó en Canal 13 que las pensiones se establecieron “para entregar una reparación a las personas que sufrieron graves daños durante el estallido y que esto termine en la discusión que estamos hoy día es porque ese proceso tuvo falencias”.
En este contexto, anunció que 25 pensiones de gracia se dejarán sin efecto y “otros casos más que todavía tienen que revisarse”.
“Después de esto, se tiene que corregir este procedimiento futuro y el Presidente nos ha instruido que en aquellos casos en que no hay tema de antecedentes penales, igualmente se haga una revisión”, manifestó.
Detalló que las pensiones corresponden a 418. La autoridad indicó que “cuando hay pérdida de globo ocular se va a mantener la pensión. No es un premio al mérito, no tiene que ver con que la persona es un buen ciudadano, tiene que ver con que está acreditado un daño causado por el Estado que es grave, irreversible y que tiene consecuencias severas en su vida”.
“Las personas que tienen antecedentes penales del conjunto de las pensiones de gracia son 69; no es verdad que todos o la mayoría de las personas tienen antecedentes penales. La enorme mayoría no tiene ningún antecedente penal”, enfatizó, respondiente a las críticas manifestadas por la oposición.
Camila Vallejo, ministra secretaria general de Gobierno, también se refirió a la materia en una entrevistia difundida ayer por el diario español El País. Afirmó que “(las pensiones) Se entregaron bajo las reglas que siempre se han aplicado. Existe un cuestionamiento político sobre si debíamos o no modificar esas reglas, y nosotros las modificamos (...) Nunca se han otorgado pensiones teniendo en cuenta los antecedentes penales, ya que la ley no lo requería. Hay 18.000 pensiones de gracia entregadas por distintos gobiernos sin considerar antecedentes penales”.