TikTok demandó este martes al gobierno de Estados Unidos por los intentos de prohibir esta plataforma digital en el país, de lo contrario, la única vía es que la vendan. Las gerentes de la plataforma tecnológica catalogan la medida como institucional, motivo por el cual reclamaron la Primera Enmienda.
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Según The Mirror, la compañía indicó que la decisión es tan “obviamente inconstitucional”, que los propulsores de la Ley de Protección de los Estadounidenses contra Solicitudes Controladas por Adversarios Extranjeros consideran tratarla no como una prohibición, sino como una regulación de TikTok.
“El Congreso ha tomado la medida sin precedentes de señalar y prohibir expresamente a TikTok: un vibrante foro en línea para el discurso y la expresión protegidos utilizado por 170 millones de estadounidenses para crear, compartir y ver videos a través de Internet”, dijo ByteDance, la compañía matriz de TikTok, en su demanda.
Afirmó que “por primera vez en la historia, el Congreso ha promulgado una ley que somete una única plataforma de expresión con nombre a una prohibición permanente a nivel nacional y prohíbe a todos los estadounidenses participar en una comunidad en línea única con más de mil millones de personas en todo el mundo”.
Prohibición de TikTok, aprobada por mayoría
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El pasado 13 de marzo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley con el que dio a TikTok un plazo de nueve meses para que venda su plataforma, de no ser así, quedará prohibida en Estados Unidos. No obstante, la compañía se mantiene firme en no vender y persiste en seguir invirtiendo.
El proyecto de ley se aprobó con 352 votos a favor y 65 en contra, con lo que seguidamente pasó al Senado.
¿Qué alegan para la prohibición? Según los legisladores, ByteDance con sede en China, está en deuda con el gobierno de esa nación, cuyas autoridades podrían exigirles los datos de sus usuarios en Estados Unidos, donde tiene más de 150 millones de personas registradas. A juicio de las autoridades estadounidenses, la situación se torna más preocupante ante un conjunto de leyes chinas que podrían obligar a las compañías a dar su información de inteligencia.